El teletrabajo o trabajo a distancia es una forma de organizar la jornada laboral en lugares o establecimientos ajenos al empleador, es una tendencia que ya venía asentándose desde hace algunos años gracias a la creciente utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Actualmente, en el mundo, los países que tienen porcentajes más elevados de su fuerza laboral trabajando fuera de sus oficinas son Finlandia, Japón, Holanda, Suecia y los Estados Unidos. En América Latina, según estimaciones de la OIT, un promedio de 23% de la fuerza laboral de cada país es apta para implementar este sistema.

En el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID, el teletrabajo ha tomado más notoriedad, muchos de ellos han tenido que adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Algunas empresas y organizaciones ya llevaban avance en esta tendencia por lo que les ha resultado un poco más fácil adaptarse a las nuevas medidas de prevención que demanda la emergencia sanitaria, pero muchas otras, sin embargo, no estaban preparadas para ello y han tenido que asumir costos inesperados como la adquisición de equipo o suscripciones a servicios de video conferencia.

Se señala al teletrabajo como una política adecuada para abordar la crisis ocasionada por el coronavirus desde un enfoque de permanencia y es un sistema que debe regularse en los países de América Latina y el Caribe. Así pues, resaltan los casos de Argentina, Brasil y Costa Rica en donde ya estaba reglamentado, y en donde se impulsaron nuevas medidas y protocolos con base en lo que permitían sus leyes. Panamá, el Salvador y Chile son casos donde el trabajo remoto se venía discutiendo se han aprobado leyes que favorecen el trabajo a distancia y al mismo tiempo otorgan derechos a los trabajadores bajo esta modalidad; también existen países de la región que recientemente promovieron de alguna manera el teletrabajo como Paraguay, Ecuador, Surinam y Trinidad y Tobago.

Una reforma en materia de teletrabajo deberá considerar una legislación que garantice convenios en los cuales se establezca la relación laboral entre el empleador y el trabajador, así como protocolos de activación de teletrabajo que contribuya al bienestar de los trabajadores y que la carga financiera de las necesidades digitales sea coordinada entre el sector público y el sector privado. Además, dentro de los retos para implementar este tipo de trabajo, se encuentra el de la necesidad de la ampliación de la cobertura tecnológica, pues actualmente no todos los ciudadanos disponen de conexión a internet, lo que sitúa a los países de América Latina y el Caribe en un nivel medio; sin embargo, más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad.

Mientras en las ciudades y grandes poblados se habla del teletrabajo como una alternativa en el área educativa, en la administración pública y en el área empresarial; se menciona poco sobre la realidad del campo y la situación del agricultor, que es un sector vital de la economía. En este aspecto, es preocupante que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han percibido retrocesos importantes en temas de seguridad alimentaria debido a una caída en los ingresos y remesas, así como al incremento en los precios de los alimentos.

Según estudios de los efectos inmediatos en la agricultura, durante la crisis del Covid-19 en el 2020 reveló que las principales consecuencias incluyeron una disminución de las ventas, principalmente debido a dificultades en el transporte de la producción, y un desplome en la demanda. También se encontraron obstáculos en la obtención de insumos y mano de obra, además de restricciones de liquidez causadas por la caída de los precios. En suma, son efectos alarmantes, que podían afectar la continuidad de la producción agrícola y, como consecuencia, empujar a la pobreza a los productores más vulnerables.

De hecho, un 69.5% indicó haber tenido que utilizar ahorros, vender activos o solicitar un préstamo para afrontar la crisis, situación que fue en aumento hasta llegar a un 82% por lo que sus ingresos se vieron gravemente afectados. Esta reducción importante de la liquidez agrava el escenario en el campo y se prevé inseguridad alimentaria en el mediano y largo plazo. Un 39% de productores encuestados consideró que los ingresos no son suficientes ni para la compra de alimentos para la familia, y en el 64.9% de los hogares se encuentra en algún estado de inseguridad alimentaria (leve, moderada o severa).

En resumen, la pandemia ha afectado de forma crítica la producción agrícola de los pequeños agricultores, convirtiéndose en un ciclo vicioso de baja producción, bajos ingresos y alta inseguridad alimentaria. Los pequeños y medianos productores agrícolas se encuentran hoy en una posición más difícil y es probable que los múltiples retos identificados sigan afectando la dinámica del sector a largo plazo.

Para impedir que esto suceda, son necesarias políticas públicas encaminadas a reducir los problemas de liquidez y mejorar la seguridad alimentaria de los campesinos. En el futuro, durante una eventual fase de recuperación de la crisis, jugarán un papel importante aquellas iniciativas que provean apoyo a los grupos más vulnerables y que aseguren la obtención constante de alimentos para los mercados locales, evitando así un posible quiebre de la producción agrícola para superar esta difícil realidad.