publicado el: 10 mayo 2021 - 01:02

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El Eje del Mal en Sudamérica

Una Agenda Imperial al Descubierto
El Eje del Mal en Sudamérica

Segundopaso - Los gobiernos derechistas y neoliberales de Colombia, Brasil y Chile vienen cumpliendo una agenda imperial, de represión y castigo a sus pueblos, provocan desestabilización en la región, crean desestabilización política y pretenden frenar todo tipo de avance de los movimientos sociales que reclaman por sus derechos y buscan nuevas alternativas que den solución a su difícil situación socio económica que vienen atravesando estos países, crisis agudizada aún más por la emergencia sanitaria.

Hoy los gobiernos de Duque, Bolsonaro y Piñeira son denunciados ante organismos internacionales de Derechos Humanos por las acciones cometidas en contra de la población; sin embargo, se sabe de antemano que muchos de sus delitos quedaran en la impunidad debido a los “procesos legales” que se exigen para confirmar los crímenes de lesa humanidad y no actúan con imparcialidad sino de acuerdo a sus propios intereses. Además del apoyo que cuentan por parte de la ONU y la OEA a estos mismos gobiernos perdiéndose así, todo principio de justicia internacional.

Investigación a Bolsonaro por crímenes contra la humanidad

Los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí pidieron al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por violaciones ambientales que suponen crímenes contra la humanidad, en un informe de 50 páginas.

Esta constituye la quinta acusación contra Bolsonaro en el TPI, con sede en Países Bajos, y el siguiente paso sería un análisis preliminar por parte de la Fiscalía de esa corte para decidir si se autoriza la investigación del expediente. De acuerdo con Bourdon, el caso puede ayudar al reconocimiento del ecocidio entre las trasgresiones internacionales juzgadas por el TPI, que tiene competencia para analizar los crímenes de guerra, contra la humanidad y el genocidio.

La acusación de Raoni y Almir Suruí cita registros de deforestación desde el inicio del gobierno de Bolsonaro en enero de 2019, también de asesinatos de líderes nativos ese año y describe el desmantelamiento de organismos encargados de la protección del medio ambiente. Entre otras denuncias contra Bolsonaro, tres se refieren a la lucha contra la pandemia de Covid-19 y la cuarta aborda los derechos de las poblaciones indígenas.

Por otra parte, una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales - la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde - ha pedido ante la Corte Penal Internacional que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. En la denuncia, presentada en La Haya, se argumenta que se ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación de la covid-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías. Un documento de 64 páginas, que representa a más de un millón de profesionales de la salud, señala “fallos graves y mortales” en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria

Movilizaciones en contra del gobierno de Duque

La ONG Temblores calificó como hechos de “violencia física y homicida” el accionar de la Policía Nacional en los dos últimos días de manifestaciones en Colombia, en las que se documentaron 184 casos de presunta violencia policial. La organización entregó inquietantes cifras en un comunicado a la opinión pública, basadas en el monitoreo que sus integrantes realizaron dentro de las manifestaciones de varios puntos del país (Bogotá, Cali, Medellín, etc.) en estos últimos días. Esto sin contar con otros actos que no han sido denunciados aún.

Durante nuestra labor de documentación, registro y atención legal a las víctimas de violencia policial, se ha notado un preocupante incremento en el uso indiscriminado de armas de fuego en contra de los manifestantes y el uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales. También se denunció el lanzamiento de gases lacrimógenos directamente a las viviendas, poniendo en riesgo a menores y personas vulnerables.

En cuanto al asesinato de líderes sociales, en estos últimos años, la Human Right Watch se manifestó sobre la precaria protección hacia defensores de derechos humanos en Colombia calificó de "fracaso" lo que hace el gobierno Duque para prevenir estos asesinatos

El gobierno elude su responsabilidad y culpa a los grupos irregulares, mientras cumple una misión oscura, con la intervención de mercenarios en la frontera con Venezuela, atentando la soberanía de este país e interviniendo también en la política ecuatoriana con planes a ejecutarse con el próximo gobierno aliado de Lasso, tras supuestas líneas de cooperación económica.

Sebastián Piñera, denunciado ante la CPI por represión en las protestas de Chile

Cuatro organizaciones de derechos humanos quieren que el presidente chileno, Sebastián Piñera, sea juzgado por la Corte Penal Internacional a raíz de la violencia policial que se desató en contra de los manifestantes desde las protestas de octubre de 2019 hasta ahora. Los organismos aseguran que tanto el mandatario como otras autoridades son responsables de crímenes de lesa humanidad y que la Justicia chilena se demora en juzgarlos, mientras sí procesa a los manifestantes detenidos.

La declaración denuncia los homicidios, torturas –incluida las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves, detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos. La intención del informe es que el mecanismo de Justicia internacional investigue, acuse y llame a juicio no solo al presidente Piñera, sino además a las autoridades civiles, políticas y policiales.

Asimismo, señala el incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y asegura que los ataques a la población civil por agentes del Estado, entre octubre de 2019 y abril de 2021, han persistido. Por su parte, la Fiscalía Nacional no le interesa investigar estas denuncias y han dispuesto el cierre de más del 55 por ciento de las investigaciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, impidiendo así el acceso de las víctimas al derecho a la Justicia.

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