Ministerio de Inteligencia Chilena “Un Sesgo a la Democracia Chilena”

El Gobierno del derechista mandatario chileno, Sebastián Piñera, envió al Parlamento un proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública junto a las subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, las que tendrían sus versiones regionales en las correspondientes Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública -seremías- las que dependerán jerárquica y administrativamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, según se indica en el espíritu del documento despachado, que se puede revisar íntegramente en el Boletín N°14614-07, y que se encuentra en Primer Trámite Constitucional, con fecha de ingreso, lunes 27 de septiembre de 2021, iniciativa que pasó a la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

En resumen se trata del ministerio de Inteligencia, que tiene sus orígenes en el Gobierno socialdemócrata de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, quien en 2005 llegó a un acuerdo con la derecha para que las fuerzas públicas, dependientes del ministerio de Defensa, pasen a la responsabilidad del ministerio de Seguridad Pública. Para el año 2006 Bachelet tuvo que presentar una indicación sustitutiva para proponer la creación del ministerio del Interior y Seguridad Pública, en base a otro acuerdo con la derecha, en materia de “Seguridad Ciudadana”.

De hecho, Piñera hace alusión en el Boletín N°14614-07, a que en el año 2005 se promulgó una reforma constitucional que percoló varios artículos de la Constitución Política de la República de 1980, recordando el trabajo mancomunado entre la exConcertación socialdemócrata junto a los partidos de derecha, y que esa misma reforma a la Carta Magna “exigía una ley para determinar qué ministerio sería el encargado de la seguridad pública”, según se lee en el mismo boletín, y complementa, al señalar que las dos fuerzas policiales chilenas, la militarizada de Carabineros y la civil de la Policía de Investigaciones -PDI- se requirió traspasar al “Ministerio encargado de la seguridad pública”, desde el ministerio de Defensa.

De esta forma, el Ejecutivo chileno busca respaldarse, políticamente, en asuntos administrativos bajo el rótulo de “modernización” de las policías, las que ejecutan las matrices ideológicas del Gobierno, en este caso, de derecha y de origen neoliberal, lineamiento político definido por la web Memoria Chilena como “una política económica que, desde sus primeras versiones, ha promovido una re-fundación del paradigma liberal clásico de los siglos XVIII y XIX, y su aplicación técnica en las economías de todo el mundo. En lo central, esta perspectiva sostiene que el libre mercado es el mejor espacio para la asignación e intercambio de los recursos económicos y, por lo mismo, su aplicación fue presentada a mediados del siglo XX como una alternativa ante la ineficiencia de la intervención del aparato público estatal en la coordinación económica”.

Uno de los ejes a los que apunta el Gobierno de Sebastián Piñera es el del fortalecimiento de la inteligencia, en atención a los acontecimientos del descontento social del 18 octubre de 2019, y que suponen la inestabilidad de un sistema económico y político, acordado entre la socialdemocracia y la dictadura cívico-militar de derecha, bajo la tutela de los Estados Unidos, a condición de mantener incólume un régimen implantado por la vía armada capitalista, según las directrices de Washington para derrocar al Gobierno democrático del expresidente Salvador Allende.

Dentro de sus objetivos, este proyecto destaca la inteligencia al servicio de la seguridad pública y reformas de la ley antiterrorista, pero con una clara orientación contrapuesta a los objetivos de la consolidación democrática de una Nueva Constitución, la que obtuvo casi el 80% de la aprobación ciudadana chilena, pese a que el proyecto del presidente chileno fundamenta la creación del ministerio de Inteligencia “A partir de los hechos de violencia ocurridos en octubre del año 2019”, de acuerdo a las líneas escritas en el mismo. Así, él reconoce “ha dado cuenta de un serio cuestionamiento y desconfianza hacia las instituciones, que ha devenido en una pérdida de legitimidad general hacia el Estado y sus órganos”.

Como norte, Piñera utiliza su modelo de país favorito, Estados Unidos, añadiendo en su proyecto “Algo que Harari ha plateado como crisis de la democracia liberal y que Levitsky y Ziblatt anticiparon respecto del declive de la democracia estadounidense. En el mismo orden de ideas, el Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge publicó en el año 2020 un reporte sobre el actual estado de la democracia a nivel global, sosteniendo que, en todo el mundo, la democracia está en un estado de malestar”.

El estado de descomposición de los regímenes occidentales, y de igual modo, en el fracaso de su sistema electoral, figura en la confesión de Piñera y de su administración, al señalar en el mismo boletín “Como resultado, muchas democracias se encuentran en su nivel más alto jamás registrado de insatisfacción con la democracia. Estos incluyen a países como Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Sudáfrica, Colombia y Australia. Otros países se mantienen cerca de sus máximos históricos de insatisfacción como es el caso de Japón, España y Grecia. En Chile, algunos han sostenido que lo que se vive actualmente es un problema de “falta de legitimidad de nuestro sistema político” lo que sin

duda golpea fuertemente al Estado, a sus poderes y órganos”.

Por estos motivos, Sebastián Piñera detalla en el mismo documento la “deslegitimación del actuar policial”, ante lo cual surgen los antecedentes de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Chile tras el 18 de octubre de 2019, en el que han resultado muertas 44 personas, casi 500 víctimas con daño ocular, en uno o ambos ojos, abusos sexuales, violaciones, y 2500 presos de la revuelta, que permanecen encarcelados sin un debido proceso.

Este ministerio de Inteligencia sería una suerte de instancia proactiva para propender a una represión mayor de los movimientos sociales, que van desde pobladores por viviendas dignas, el derecho humano para acceder al agua potable, educación de calidad, sistema de pensiones (sin las AFPs), salud para todos, defensa de los derechos humanos, reivindicaciones territoriales de pueblos originarios; específicamente del pueblo mapuche, nueva Constitución y la oposición a zonas de sacrificio medioambientales, entre otras. Incluso, el mismo proyecto establece que “las diversas instancias surgidas con posterioridad al 18 de octubre 2019, han consensuado la necesidad de avanzar en estructuras políticas que otorguen mayor legitimidad a los cuerpos policiales”, lo que dice bastante sobre los fines del ministerio, que llevarían a la criminalización de los movimientos sociales, y según la aplicación de la Ley Antiterrorista, que data de la exdictadura cívico-militar de derecha, con el incremento de la población penal de las cárceles chilenas, donde terminarían muchos o muchas dirigentes de causas sociales reivindicatorias chilenas, en calidad de presos políticos disidentes, en el caso que este proyecto se apruebe, con el concurso de la oposición socialdemócrata, si es que se repiten los apoyos desde este sector, tal como lo describe el mismo presidente en su proyecto “El trabajo de numerosos honorables senadores y senadoras, como José Miguel Insulza, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Marcela Sabat y honorables diputados y diputadas, como Marisela Santibáñez, Raúl Leiva, José Miguel Calisto, Maite Orsini, Jorge Alessandri y Gonzalo Fuenzalida, enriqueció profundamente la discusión pre-legislativa, generándose importantes acuerdos”.

Sin embargo, el proyecto va más allá y simbiotiza a Chile con el caso de los ataques terroristas del 11-S (el cual queda en entredicho por la creación de Al Qaeda a manos de los servicios de espionaje norteamericanos como la CIA junto al Mossad israelí, como influjo en grupúsculos wahabitas, según lo reconoció la ex Secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton en esta entrevista). En el mismo proyecto se explica “De un examen simple, es posible advertir que la realidad existente al momento de los ataques terroristas en Estados Unidos también se replica en nuestro país, donde existen diversas agencias que contribuyen a proveer seguridad pública, pero cuya dependencia se encuentra atomizada y sin obligaciones claras de coordinación a nivel legal”. A renglón seguido, indica “A tal experiencia se debe incorporar la de países como Canadá, Costa Rica, Argentina, Panamá, Noruega, Reino Unido, Francia e Israel, que cuentan con ministros de seguridad, con funciones de coordinación, sin tener la competencia de ser jefes políticos del gabinete”.

Al respecto, el Gobernador de la provincia chilena de Valparaíso, Rodrigo Mundaca  Cabrera, alertó que en medio de la pandemia de Covid19, de la que Chile no es la excepción, Piñera busca criminalizar al movimiento social para eximir al gobierno por su responsabilidad en la violación sistemática a los derechos humanos, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante e intenta impulsar un proyecto para tratar de modernizar el sistema de inteligencia nacional, priorizando la acción de inteligencia en contra del movimiento social.

El gobernador Mundaca manifiesta que el mandatario chileno prioriza una importante suma de dinero: 6 mil millones de pesos anuales, para que los servicios de inteligencia se pongan tras la persecución del movimiento social, que lucha por la recuperación de los derechos sociales y los bienes naturales comunes.

Rodrigo Mundaca declara que esto llevó a la interposición de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que en Chile se respete el derecho humano al agua, para que se termine con la privación de vivir sin agua, y se termine con la inequidad de vivir nada más que con 50 litros de agua, en circunstancias que ese volumen de agua es insuficiente para sanitizarse las manos, potenciándose el peligro para que avance el Covid19 en los territorios.

De convertirse en ley este proyecto, y de materializarse el ministerio de Inteligencia, se podrían frenar los cambios sociales que muchos movimientos de base popular buscan, pudiendo tener como destino la cárcel a través de la criminalización de disidentes en aras de mantener el actual régimen heredado de la exdictadura cívico-militar de derecha, sin que los anhelos de una nueva Constitución lleguen a concretarse. Y es más, estas mismas víctimas podrían ser objeto de bulos o montajes policiales, a quienes por lo general se les etiquetaría de terroristas, categoría suficiente para arrebatar sus derechos o frenar los procesos sociales mediante operaciones de falsas banderas, para lo cual, si se entrega toda esta infraestructura, se empeorará la calidad de vida democrática y la propia democracia, perdiendo muchos derechos adquiridos.