Las protestas fueron matizadas con la presencia de varios artistas famosos y de más de 200 organizaciones sin fines de lucro. Activistas y artistas denunciaron durante el evento que hay otras iniciativas que reducirían las restricciones ambientales a los proyectos de infraestructura en tierras protegidas; regularizarían la ocupación ilegal de tierras públicas mediante la invasión y la deforestación; y podrían despojar a las reservas indígenas de su estatus de zonas protegidas y ha pretendido continuar con la explotación económica de sus territorios.

En tanto, en el interior de la cámara baja del Congreso, los legisladores comenzaron a debatir una propuesta que podría autorizar actividades mineras en territorio indígena. Otra propuesta de ley atenuaría las restricciones al uso de ciertos pesticidas en la nación más grande de América Latina, marginando a los organismos gubernamentales responsables de evaluar las repercusiones ambientales y de salud derivadas del proceso de licencias, según un comunicado de los organizadores del evento.

La población indígena brasileña llega a casi 900.000 personas, el 36, 2% vive en áreas urbanas y el 63, 8%, en áreas rurales. Se han identificado 505 tierras indígenas. Estas tierras representan el 12,5% del territorio brasileño (106,7 millones de hectáreas), donde viven 517,4 mil indígenas (el 57,7% del total). Existen 305 pueblos diferentes, la mayoría habitan en la región amazónica y hablan 274 lenguas. Se estima que existen 115 pueblos en situación de aislamiento, de los cuales 28 están confirmados y el resto, se encuentran en proceso de identificación.

El desmantelamiento de las políticas de protección de los pueblos indígenas

A partir de la administración del presidente Jair Bolsonaro, se ha venido implementados programas desarrollistas que continuamente atentan la conservación de la Amazonia, como la explotación y la deforestación indiscriminada, la agroindustria sin límites; además de, la falta de solución a la demarcación de tierras indígenas.

Los pueblos indígenas incluso han manifestado que se sienten amenazados por lo que consideran una ofensiva a sus derechos, a través de políticas públicas de cuatro ministerios en concreto: Medio Ambiente, Agricultura, Salud (que incluye a la Secretaría Especial de Salud Indígena-SESAI) y Justicia). Son los ministerios clave de una política claramente desarrollista. El abandono del acuerdo de París y el consecuente alejamiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de calidad de vida; esta agenda afecta directamente a los pueblos más vulnerables, como los indígenas, los quilombolas y los ribereños, así como también a las grandes mayorías empobrecidas del Brasil.

Continuas manifestaciones de todos los sectores populares

Miles de brasileños salen a las calles, identificadas como trabajadores, campesinos, indígenas como miembros de los sectores populares marcharon en los últimos días por las calles de Curitiba, en el sur de Brasil, en el marco de las Jornadas de Luchas por Techo, Tierra y Trabajo, informó el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en rechazo al Gobierno de Bolsonaro.

Como parte de la jornada organizada por los movimientos populares del campo y de la ciudad, los ancianos, adultos y niños se pronunciaron en favor del derecho humano a la vivienda, al trabajo, a la tierra para sembrar, a la alimentación sana y a una vida digna.

Tras marchar por la Plaza Rui Barbosa hasta el Centro Cívico, un grupo de representantes de cada comunidad y representantes del poder ejecutivo estadual, del poder judicial y de las universidades federales sostuvieron un encuentro para una Audiencia Pública de negociación.

Las comunidades indígenas sufrieron en 2019 una derrota en la Corte Suprema de Brasil cuando el presidente Jair Bolsonaro asumió su mandato, miles de nativos se reunieron en Brasilia para luchar por los derechos indígenas garantizados en la constitución brasileña de 1988. El magistrado de la Corte Suprema, rechazó una medida judicial que transfería la facultad sobre la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura y despojó a la agencia de asuntos indígenas (FUNAI) de su rol en cuanto a la demarcación de sus tierras, lo que puso en riesgo los derechos territoriales de los indígenas porque el ministerio está dominado por los intereses del agronegocio en poder de los ruralistas.

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"Juicio histórico"

En septiembre de 2021, los Indígenas brasileños reclaman tierras ancestrales en una batalla legal contra el Gobierno contra la norma fue aprobada el 23 de junio, anulando la demarcación de territorios indígenas y habilitando el ingreso de madereros y mineros ilegales y de grandes empresas, quedando pendiente la decisión de la Cámara de Diputados, ellos esperan la resolución de un histórico proceso, que tendrá efecto vinculante, y que definirá el destino de 300 tierras que están en proceso de demarcación.

Este caso, considerado el “más importante del siglo" fue una movilización de aproximadamente 6.000 indígenas hasta Brasilia por un juicio crucial para el futuro de sus tierras y sus reservas que ocupan el 13 % del territorio nacional– y rechazaron un acuerdo con el "marco temporal" porque, entre otras cosas, alegan que fueron expulsados por la fuerza de sus territorios antes de esa fecha, durante la dictadura militar (1964-1985). También fue icónica la presencia de la 'Marcha de Mujeres Indígenas' que significa una movilización permanente de 3.000 mujeres por la vida y la democracia: Reforestando mentes para la curación de la Tierra; de esta forma, guardianas y guerreras indígenas se sumaron a la movilización, defendiendo sus derechos.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso, se manifestó contra el "marco temporal". "Los derechos de las comunidades indígenas consisten en derechos fundamentales, que garantizan las condiciones de existencia y de una vida digna de los indios", dijo. Se trata de la cuarta vez en dos meses que este proceso ha sido aplazado.