Segundo Paso para Nuestra América.- Decenas de pruebas existen en la realidad geopolítica de América Latina que exponen la injerencia imperialista norteamericana en asuntos soberanos e internos a las naciones de esta parte del continente. Bolivia no es la excepción. La cristalización de una oposición de ultra derecha conservadora caracterizada por una praxis generalmente al margen del sistema democrático, secesionista, racista y corrompida no es solo fruto de la voluntad de grupos nacionalistas, está clara la participación de intereses y hasta financiamientos exógenos.
El proyecto de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia ha pasado por una serie de altibajos históricos así como ha experimentando una serie de fenómenos políticos que le mantienen en alerta constante. Uno de ellos es el de la cristalización de una oposición de derecha o ultra derecha caracterizada por una praxis generalmente al margen del sistema democrático.
Elmira Lindo (2022) refiere a que hay dos elementos del que estas derechas se aprovechan en su quehacer: el agotamiento institucional del Estado y el descontento social. Fernando Molina (2014) por otro lado, también refiere a dos aguas en las que la oposición boliviana se ha movido: la política de la fe y la política del escepticismo. La política de la fe en la propia política con la cual se desdibujan los límites para su ejercicio, y la política del escepticismo que se contrapone al “dejar hacer, dejar pasar” de la política tradicional, a través del concurso de la oposición, su participación y su contrapeso.
El mismo Molina concluye que ambas aguas en las derechas bolivianas, la denegatoria o la dialogante, han tenido el desafío –durante el proyecto plurinacional– de pasar de una “Oposición (con mayúsculas) fuera del nuevo orden establecido, a una oposición con minúsculas” capaz de aspirar a ocupar el gobierno bajo el sistema democrático.
Hay una coincidencia aquí entre Lindo y Molina, la afirmación de existencia de una oposición en Bolivia que se aprovecha de lo que considera un agotamiento institucional del Estado y que por tanto actúa al margen del sistema democrático.
Sobre esto hay muestras que alarman: el excesivo interés secesionista de algunas gobernaciones departamentos e instancias regionales, el liderazgo de gobernantes ultra conservadores ligados por un lado a grandes consorcios empresariales y/o por el otro a organizaciones religiosas; así como el aumento de conflictos y protestas armadas y semi armadas.
El interés secesionista
No ha sido un secreto político el interés secesionista de corrientes políticas dentro de Bolivia desde hace muchos años, incluso antes del proyecto plurinacional. El oriente del país, la región de Santa Cruz ha sido la zona con más tendencia en procesos de corte secesionista. Desde otros departamentos y regiones como Beni, Pando y Tarija también se han impulsado procesos afines a lo largo de la historia. La media luna boliviana.
En estas regiones o sectores han sido recurrentes las pujas separatistas, justamente porque son regiones con más fuerza en la agroindustria, la ganadería y la extracción de hidrocarburos. Luis Britto (2008) resalta que todas esas regiones representan en territorio más de la mitad del país.
Sin duda si hay un liderazgo en este proyecto de secesión lo tiene la oposición derechista santacruceña. Aunque sus argumentos rayan en el endoracismo al refererirse a las diferencias culturales o étnicas como elementos disparadores del separatismo, la verdad es que ha quedado clara su intención de controlar uno de los territorios más grandes y poderosos económicamente del país.
Para orientar el proyecto separatista se creo el Comité Cívico pro Santa Cruz para ejercer lo que ellos mismos denominan “el Gobierno Moral de los cruceños”, velando por el engrandecimiento moral y material del departamento como su fin supremo, tal como lo establece el Artículo 1ero de sus estatutos.
En su portal web queda expreso que el Comité es una organización cívica institucional con la mayor jerarquía en el departamento. Agregando que es “esencialmente apartidista, sin fines de lucro y de bien común” aunque es vox populi que está conformada por miembro de partidos de ultra derecha, instituciones religiosas, organizaciones ultra conservadoras y grandes consorcios empresariales. Desde su fundación en 1950 siempre ha estado dirigido por importantes políticos o empresarios del departamento, todos de derecha.
Los proyectos secesionistas empezaron a ser el programa de unificación del Comité, es por eso que en su haber se cuentan grandes movilizaciones contra los gobiernos nacionales, participación en golpes de estado como el ejecutado contra la fórmula Evo Morales y García Linera durante el año 2019, campañas mediáticas desestabilizadoras y lo que Britto García calificó como “promoción de la ingobernabilidad” a través de huelgas y protestas, o a través de la desobediencia tributaria al desvincularse de procesos fiscales, o incluso a través de la política de desobediencia a la institucionalidad del Estado.
La autonomía controlada por la derecha conservadora
Desde el Comité Cívico de Santa Cruz es justamente que en la actualidad se está impulsando una campaña por la imposición del federalismo, fase primaria o previa del proyecto separatista. Y aunque Bolivia es un país unitario con autonomías, el gobernador del departamento, abogado y empresario Luis Fernando Camacho, anterior presidente y miembro activo del Comité Cívico ha arreciado contra el gobierno nacional de Luis Arce por su “centralismo asfixiante”, promoviendo un discurso de odio contra la institucionalidad democrática boliviana y lanzando los que podrían denominarse como insumos narrativos que arengan la lucha por la secesión de la región.
La administración de los recursos centralmente es para éste un robo a los recursos que se genera desde las regiones, por eso ha hecho sistemáticos llamados públicos a que las regiones de la media luna emulen el modelo de desarrollo cruceño, y se sumen a la erradicación del centralismo, reemplanzándolo por un Estado Federal.
No podremos dejar de recordar que este mismo personaje, Luis Fernando Camacho, lideró la violencia en las calles de Santa Cruz que iniciaron el golpe de Estado del año 2019, que además de dejar más de 37 muertos según investigaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmanteló así mismo al Estado Plurinacional.
La impunidad sobre la participación de Camacho en estos hechos permitió que ascendiera a gobernador del departamento durante el año 2021, a pesar de los numerosos escándalos que le envuelven relacionados al lavado dinero, a la evasión de impuestos, al ocultamiento de fortunas, publicados en los polémicos Pánama Papers, así como a la participación de su padre y de él mismo en el golpe de estado del 2019.
El Censo Nacional de Población y Viviendas como excusa para actuar al margen
Desde la gobernación, además de la campaña federalista, Camacho inició recientemente una convocatoria a paro indefinido, tal como lo hizo en 2019, esta vez bajo la excusa de no permitir la reprogramación del Censo Nacional de Población y Viviendas, pautado originalmente para el año 2022, y trasladado ahora para el año 2024 al no contar con todas las garantías técnicas para su desarrollo.
Camacho desde la Gobernación junto al Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista –esta última catalogada como una organización paramilitar–, ha obligado a la aplicación de este método de agresión, presionando al Gobierno Plurinacional a realizar el Censo en el 2023, justificando que de no realizarlo el departamento perdería una gran cantidad de recursos provenientes de la distribución de los tributos, así como perdería puestos en la Cámara de Diputados que dan por ganados, esto debido a que en Bolivia la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística INE, acopiada en los censos nacionales, sirve por ley para la toma de decisiones en materia de distribución de recursos públicos y redistribución de los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El punto central es que la ultra derecha cruceña vuelve a ponerse al margen del sistema democrático boliviano deslegitimando al Estado Plurinacional, en lo que Emira Lindo (2022) determina como una política basada en agotar institucionalmente el Estado, hastiando a la población y haciéndola dudar de absolutamente todo, como las denuncias sobre fraudes electorales, fiscales, políticos y hasta censales pues “cuando la mecánica ya se ha instalado, todo es objeto de sospecha”.
Se trata de inocular en la población que el gobierno toma la decisión de postergar la realización del Censo para sabotear la aparente posibilidad de los partidos de oposición de ampliar su participación en el parlamento, manteniéndose la mayoría de los curules oficialistas actuales, influenciando también las elecciones generales y presidenciales del 2025.
Las geopolítica del poder y los intereses externos
Decenas de pruebas existen en la realidad geopolítica de América Latina que exponen la injerencia imperialista norteamericana en asuntos soberanos e internos a las naciones de esta parte del continente. Bolivia no es la excepción.
Lo que denominamos anteriormente como la cristalización de una oposición de ultra derecha conservadora caracterizada por una praxis generalmente al margen del sistema democrático, secesionista, racista y corrompida no es solo fruto de la voluntad de grupos nacionalistas, está clara la participación de intereses y hasta financiamientos exógenos.
Dominar el territorio boliviano, desgajarlo y expoliarlo es materia de definición política del imperialismo europeo y norteamericano. El interés permanente de los gobiernos y transnacionales europeas y estadounidenses por reprivatizar la industria gasífera, la segunda reserva más importante del hemisferio, así como la industria de hidrocarburos, o la propia industria agrícola y ganadera, está demostrado a lo largo de la historia política del país.
Según datos del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (Center for Economic and Policy Research, CEPR), “Bolivia es un importante receptor de ayuda monetaria de la USAID. La agencia canaliza millones de dólares a varios grupos”, a pesar de que la Cancillería en un comunicado publicado en septiembre de este año aseguró que la USAID fue expulsada de Bolivia desde el año 2013 por actos de presunta injerencia en los asuntos internos del país. Aquí las ONG´s, Fundaciones afines y Think Tanks como el Instituto Interamericano para la Democracia (IID) son las fachadas para las transferencias. La Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y organizaciones relacionadas han financiando también el golpismo y el secesionismo en Bolivia, como es el caso del propio Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista, que ha recibido formación directa en institutos norteamericanos.
El contexto de tensión producto del paro indefinido promovido desde Santa Cruz de Bolivia presionando por la realización del Censo, no es espontáneo. El Gobierno Plurinacional de Luis Arce ha llamado a diferentes mesas de diálogo, encuentros y consultas para canalizar la situación, escuchar a las partes y lograr un consenso, pero Camacho se niega a participar. Se conoce también que el paro se ha concentrado en las zonas clases altas y medias altas debido a que han perdido capacidad de convocatoria, por lo que algunos autores han reseñado el paro como un encierro de la oposición “en su propia desestabilización”. Las grandes pérdidas económicas mantienen preocupados a los sectores productivos y comerciales. A pesar de esto el llamado golpista se ha mantenido ¿qué otra demostración de que el imperialismo tiene las manos metidas se necesita?.
