Segundopaso – La crisis política que vive Haití acrecienta los problemas socioeconómicos históricos. Durante el pasado año el país quedó acéfalo de poder legislativo, gobernado a través de decretos emitidos por el presidente Jovenel Moïse quien enfrenta una oposición creciente pero desorganizada y sin un proyecto viable de cara a la realidad de esa nación afectada seriamente por la pandemia.
El país está sin poder legislativo, fue suspendido al concluir los mandatos de los diputados y la mitad de los senadores, tampoco tienen previstas la realización de elecciones para renovar los cargos vacantes que recuperaría la actividad legislativa y el ritmo de trabajo necesario para enrumbar las decisiones estratégicas de la nación caribeña.
La llamada comunidad internacional desapareció de Haití, solamente las brigadas médicas cubanas y el apoyo de Venezuela a través de los mecanismo de integración como PatroCaribe asisten a la nación caribeña, el resto abandonó el acompañamiento comprometido con recursos que contribuyan a encaminar el funcionamiento del país azotado por catástrofes naturales muy extremas, epidemias y la histórica inestabilidad política, agudizada desde septiembre de 2019, cuando el legislativo despidió al primer ministro Jean Henry Céant, y dejó pasar seis meses para nombrar en marzo al actual jefe de Gobierno, Joseph Jouthe.
Los haitianos tuvieron cinco jefes de Gobierno designados desde 2017 y solamente dos recibieron el apoyo parlamentario, los demás condujeron el poder ejecutivo durante largos periodos sin obtener la legitimidad que asigna el legislativo.
Por otro lado, el ejercicio del poder a través de la emisión de 40 decretos presidenciales resulta impugnables, entre ellos, el código penal que tendrá vigencia en 2022, con tiempo para ser revertido por los parlamentarios, pues afecta la opinión de sectores religiosos al despenaliza el aborto y permite incriminar la discriminación por la orientación sexual. También el Presidente vía decreto sustituyó cerca de medio centenar de alcaldes que habían sido elegidos por el pueblo.
Otro aspecto crítico en la conducción del Estado es el desconocimiento de las acciones del Tribunal de Cuentas que sus fallos dejan de ser vinculantes, queda como un órgano estrictamente consultivo. Situación que levanta sospechas en la sociedad haitiana sobre el comportamiento del presidente Moïse, al parecer implicado en malversación de fondos públicos.
La formación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) también siembra dudas, su objetivo de funcionamiento y transparencia no son transparentes porque aparece vinculada a la ampliación de la clasificación de los delitos de terrorismo con penas muy severas de hasta 50 años de cárcel. Además de conceder a los agentes de la agencia poderes y facultades especiales que corresponden al Presidente, adjudicados bajo la excusa de “preservar” la seguridad nacional, que otorga plenos poderes para ejercer la represión y ejercer el control absoluto de la nación.
Estas medidas arbitrarias son vistas con mucha oposición de los sectores democráticos y populares que denuncian la pretensión del gobierno de implantar una dictadura, como las muy sufridas por esa nación al modo de la familia Duvalier, desde 1957 a 1986.
La comunidad internacional integrada por el Grupo Central, embajadores de varios países, representantes de la ONU y la OEA, señalaron la preocupación por las señales que observan en el comportamiento intolerante del gobierno que afecta derechos constitucionales fundamentales y la instalación de la comisión consultiva independiente para redactar la nueva carta magna. También expresaron muchas dudas sobre la designación del Consejo Electoral Permanente que tendrá la misión de realizar los procesos de sufragio universal.
Esta es la situación que vive Haití, enmarcada por la fuerte oposición al gobierno de los sectores democráticos que insisten la renuncia del Presidente y la creación de un gobierno de transición que ponga fin a la corrupción y una el país para enfrentar la maniobra del presidente Moïse de organizar el referendo para la nueva constitución y renovar el personal político, acción que profundizaría la crisis sociopolítica en el 2021.
