AUTORA: MARÍA ALEJANDRA PORTILLO
Segundo Paso para Nuestra América.- AMLO con la iniciativa de reforma energética constitucional abre el debate nacional mexicano, trayendo dentro de la Cuarta transformación la incorporación de una agenda pública que cuestiona las formas de gestión neoliberales, plantea la recuperación por parte del Estado de recursos energéticos estratégicos y, la incorporación de sujetos históricos que vuelven su mirada y acción a la creación de una nueva lógica del poder y su administración.
La propuesta de Reforma Constitucional Energética mexicana planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aviva el debate nuestroamericano sobre la construcción de alternativas políticas y económicas antihegemónicas, tensionando las nociones de lo público y lo privado, resituando la producción pública y nacional de la energía eléctrica como generadora de valor público, devolviendo al pueblo mexicano este recurso estructural.
Esta propuesta se enmarca dentro de los procesos de nacionalización de los recursos energéticos por parte de los países del surglobal, que construyen nuevas perspectivas hacia una gestión pública descolonizadora caracterizada por la recuperación de la soberanía nacional y la construcción de identidades colectivas, orientadas por proyectos políticos de izquierda y progresivos complementarios no obstante por desafíos económicos que sean capaces de hacer orgánica la relación entre lo económico y lo político en clave crítica, con una con tendencia material y progresiva hacia una distribución más justa de los recursos , la profundización en materia de derechos humanos y la proteccion de la madre tierra. .
Estas tensiones, visibilizan entonces las contradicciones entre el modelo de gestión neoliberal -tecnocrático y un modelo de gestión pública participativa en una de las naciones geopolíticamente más importante de la región.
Para comprender esta disputa, es necesario recordar la reforma del ex presidente Peña Nieto de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en diciembre del año 2013, reforma caracterizada por (1) el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la orientación y materialización de los procesos de generación, transmisión, distribución y consumo; (2) la fragmentación de estos procesos mediante la creación de empresas autónomas y desarticuladas privatizando progresivamente a las mismas, y (3) eliminando las competencias estratégicas por parte de CFE de la determinación del despacho de la energía eléctrica y la fijación de tarifas.
Es evidente que esta reforma ha creado un escenario mixto en el cual, el sector privado nacional e internacional ocupa fundamentalmente los procesos en materia de energía eléctrica, escenario complejizado por la figura establecida en la reforma de producción para el autoconsumo, bajo esta figura se oculta en nombre de la producción de electricidad para los pequeños y medianos productores un entramado de empresas nacionales y trasnacionales que superan desde todo punto de vista la producción pública nacional.
Ante estas realidades el 30 de septiembre del 2021 Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso mexicano la Propuesta de Reforma constitucional en materia de energía, teniendo como fin último un golpe de timón en esta materia planteando la modificación de los artículos 25, 27, y 28 para recuperar las competencias perdidas por la Comisión Federal de Electricidad,
Con la reforma actual se intenta cancelar los contratos legados, los supuestos contratos de autoconsumo, los permisos de producción privada fuera de la legalidad, y que los privados paguen todo el porteo, la transmisión y distribución, y que se formen en las subastas para ser despachados con el criterio de costo total real y no costo variable que es engañoso. Además, desaparecen la CRE y las funciones del CENACE, se reintegran a la CFE. Fuente Rebelion.org Benítez Chávez 2021.
Con esta reforma, se profundizaría la propuesta de la 4T por la vía de los hechos, significando para AMLO un punto de inflexión que ha traído fuertes antagonismos entre un modelo de gestión tecnocrático y privatizador y un modelo que busca nuevos mecanismos para dar soberanía al poder publico y popular.
Se ha propuesto el mes de febrero de 2022 como el mes para resolución dentro del Congreso nacional mexicano en esta materia, en este sentido, es importante señalar que esta reforma “ necesita la mayoría calificada en el Congreso para ser aprobada. Y Morena, el partido en el gobierno, sólo tiene la mayoría simple, por lo que las tensiones políticas entre los partidos y en los debates políticos en diversos medios se han venido polarizando”. Ídem.
Esta polarización viene acompañada por importantes movilizaciones sociales por parte del gobierno de AMLO y el partido MORENA, al convocar al pueblo mexicano a incorporarse en los procesos de recuperación de los recursos nacionales en materia de energía, la 4T se profundizando en nuevas políticas lógicas, económicas y sociales, todo ante un escenario nacional e internacional capitalista que lucha por permanecer.
