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Haití Anclado a un Fallido Sistema Económico

Segundopaso – La intensa y profunda crisis en la que vive el pueblo haitiano se arrastra por siglos, desde su independencia, la que se traduce en el malestar social que lleva permanentemente a la población a manifestaciones sociales en distintos puntos del país antillano, agudizadas en estos últimos tres años por el alto costo de la vida y la inseguridad que se vive en todo el territorio nacional.

En este 2022 la ola de secuestros de trabajadores por parte de bandas armadas se suma al trágico panorama, lo que solo desangra más a la población, ecuación en la que la policía es acusada por los haitianos de no cumplir sus funciones básicas para entregar seguridad pública, en la que surge la impunidad en que permanecen distintos casos criminales y penales.

El costo de la vida ha provocado el aumento en más del 23% de los valores de la canasta básica, así como de otros productos y servicios, lo que ha motivado protestas semanales para exigir al Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que ponga atención sobre la inseguridad que vive la población, así como demandan su renuncia debido a la recesión que afecta a las personas, ya que las bandas armadas hacen imposible que los trabajadores salgan a desarrollar sus actividades cotidianas, lo que agudiza la inestabilidad política.

La situación se descontroló definitivamente tras el magnicidio del entonces presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio del pasado 2021, lo que descabezó al país en un cruento acto de terrorismo, ejecutado por paramilitares de ultraderecha de tres países: Haití, Colombia y los Estados Unidos, perpetrado en la capital del país, Puerto Príncipe, en el que participó un exmilitar colombiano que identificaron como Mario Antonio Palacios, de 43 años, el que fue pedido en extradición por Estados Unidos, mientras viajaba desde Jamaica hacia Panamá, donde fue apresado.

Palacios terminó siendo extraditado a Estados Unidos, pese a que la legislación internacional indica que debía haber sido enviado a Haití para ser juzgado por el magnicidio de Moïse. Ahora será muy difícil que testifique contra quienes lo formaron.

Las protestas también van en el sentido de la exigencia poblacional para que se aumenten los salarios, falleciendo un periodista que cubría una de las manifestaciones convocadas en febrero pasado, dado que los trabajadores consideran insuficientes los reajustes implementados por el Gobierno haitiano, que solo lograron casi 7 dólares mensuales por jornada laboral, pasando de 500 a 685 gourdes, valores sobre los que el mundo sindical expresó su disconformidad, ya que indican que se hace necesario 1500 gourdes mensuales, unos 15 dólares.

Junto a estas reivindicaciones, los sindicatos haitianos exigen mejores condiciones laborales, dignas y con salarios justos, máxime cuando la inflación se ha descontrolado en el país, viendo, además, cómo se pueden enfrentar las alzas en los productos básicos de consumo, a lo que se suma el desafío impuesto por las fuerzas policiales a los manifestantes, ya que reprimen con dureza a los haitianos que salen a las calles.

El sector de los trabajadores textileros también se ha sumado a estos esfuerzos junto a las asociaciones de abogados y juristas, quienes buscan alcanzar los reajustes necesarios para sobrevivir a esta intensa crisis que se cierne en todo Haití, la que se ve demasiado compleja, tanto en lo social, político y económico, tres frentes en los que el Gobierno nacional ha capitulado de la peor forma.

En la eterna tragedia haitiana, la vecina República Dominicana, construye un muro divisorio por iniciativa del derechista gobierno de Luís Abinader, quien impulsa su “verja perimetral” en toda la frontera de estas naciones caribeñas. En efecto, Abinader se trasladó a fines de febrero a la provincia dominicana de Dabajón, para iniciar este proyecto, y según ha explicado, pretenden combatir la inmigración ilegal, el tráfico de mercancías y defender la soberanía nacional dominicana.

La postura de Santo Domingo sostiene que como país “no puede hacerse cargo de los problemas de Haití”, pidiendo Abinader a la comunidad internacional ir en ayuda del vecino país, en desentendimiento de los compromisos que comparten dentro de la misma isla y recurriendo a una solución estilo Trump, la que sostiene busca “controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, así como controlar los flujos migratorios para combatir las mafias que trafican con personas”, detalló Abinader.

La “verja perimetral” tendría una extensión de 54 kilómetros, con 19 torres de vigilancia y una inversión inicial que supera los 30 millones de dólares, para, posteriormente, pasar a la segunda fase de la construcción de esta valla, con una extensión total de 110 kilómetros en toda la frontera que separa a ambos países, y se prevé que el segundo ciclo inicie para el último semestre de 2022, a través de una construcción licitada.

Organizaciones Internacionales como la ONU han denunciado también la continua violencia que azota a Haití, en medio de la cual las niñas han sido afectadas por su inasistencia a clases en sus escuelas, repercutiendo en su formación académica, sumiendo más al país en el caos y dolor, según Helen La Lime, representante de la ONU para el país caribeño, destacó en una de las sesiones del Consejo de Seguridad, que ha tratado este imparable problema, acrecentado luego del atroz asesinato de Moïse, hecho que gatilló una violenta represión para acallar las protestas populares en contra del magnicidio, represión que no se ha detenido hasta entrado abril de 2022.

Por otro lado, las pandillas armadas siguen aumentando su poder de fuego, proponiéndose el país implementar planes socioeconómicos y actividades de reintegración social, en pos de generar empleos y oportunidades laborales que impidan la absorción juvenil por grupos armados.

Mientras tanto, el pedido de la población haitiana continúa vigente, y no es sino otra cosa que la exigencia para que renuncie Ariel Henry, a quien han pedido en numerosas ocasiones la formación de otro gobierno y de nuevas elecciones, de tal manera que se haga frente a la inseguridad reinante, la extrema pobreza, la miseria y el vacío institucional. No hay atisbo ni asomo para una fecha para nuevos comicios, pese a que desde el Senado y su presidente, Joseph Lambert, han clamado con urgencia efectuar este proceso, ya que el país se ha debilitado y la legitimidad brilla por su ausencia.

Las tropas de la ONU, estacionadas en Haití, que no hicieron nada por controlar la desbandada que llevó al magnicidio de Moïse, demuestran la necesidad de efectuar, lo antes posible, unas elecciones que ayuden a superar la crisis y avanzar hacia un diálogo auténtico, ya que este proceso debió ser concretado en agosto de 2019, sin embargo, la desestabilización continua, las aplazó, perdiendo en este proceso a todos los diputados, y a dos tercios de los senadores en enero de 2020.

 

Haití solo continúa con 10 senadores, no existiendo tampoco avances en el esclarecimiento del cruel asesinato del expresidente Jovenel Moïse, quien no pudo resistir al ataque que recibió en su contra, a diferencia del intento de magnicidio que sufrió el primer ministro Henry en la localidad de Gonaïves, norte del país, durante la celebración del aniversario patrio número 218, y otro, en la parroquia Saint Charles mientras se efectuaba un oficio religioso, habiendo sido amenazado previamente.

La guinda de la torta, o joya de la corona en el perjuicio nacional haitiano, lo constituyen los desastres naturales que repercuten en las malas condiciones económicas del país, tal como el ocurrido en agosto de 2021, donde un terremoto de magnitud 7, 5 en la escala de Richter afectó a las cercanías de la capital, provocando 2248 muertos, 329 desaparecidos y 12 763 heridos, dejando a gran parte de las personas de la zona con pérdidas materiales, lo que redundó en la merma de su calidad de vida, considerando la fragilidad social en la que sobreviven, y con un gobierno que se hunde cada vez más en un sistema económico fallido.

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