Fin Del Estado De Excepción En El Sur Chileno

La oposición de las comunidades mapuche se centró en la militarización del Walmapu, territorio ancestral de este pueblo originario, donde se encontraban concentradas tropas de la policía militarizada de Carabineros.

La determinación de Piñera para implantar el estado de excepción, mediante el cual se restringe la libertad de movimiento de las personas, fue considerado junto al Parlamento y sus dos Cámaras, lo que por otro lado llevó al fracaso para establecer el diálogo entre el Ejecutivo chileno y las comunidades mapuche, hecho que pone en evidencia la ruptura de los vínculos con esta parte de la población del país, la que tampoco se siente parte del mismo.

La impronta o sello del estado de excepción es, por excelencia, el enfoque ideológico mediante el cual se justifica el refuerzo de la vía armada para asegurar el sistema neoliberal en Chile, basándose, por lo tanto, en la fuerza, y a su vez, en el descarte del diálogo, es decir, apostar por la relación fuerza-resistencia, lo que indispone el trato de temas atingentes a los pueblos originarios, no contribuyendo a la paz en la zona, muy por el contrario, tensó la convivencia entre las comunidades mapuche y chilena, a la que el actual gobierno llega con una mirada empresarial, no resolviendo las aspiraciones de integración del pueblo mapuche en la sociedad chilena, quienes recurren a buscar sus derechos en una nueva Constitución, en la que, desde luego, estén incluidos el pueblo nación-mapuche y el chileno, compelidos a buscar una paz definitiva y duradera, la que con el actual gobierno empresarial, nunca se llegó.

El Parlamento tampoco logró un ambiente despejado de tensiones, decantándose por la fricción a través del estado de excepción, pues, al prolongarlo, se situó en la misma lógica y visión política que emana de la tristemente célebre “Pacificación de La Araucanía” de Chile, así como en su versión argentina de la denominada “Campaña del Desierto”, ambas de inspiración militarista para enfrentarse a los mapuche, acaecida entre 1852 a 1883, que llevó a una limpieza étnica y al desplazamiento poblacional de los indígenas en la zona sur de ambos países, siendo testigo de un genocidio paulatino, antecedente que se suma a la deuda histórica con el pueblo-nación mapuche.

Es inequívoco que con la posición asumida por Sebastián Piñera su gobierno pasará a la historia como el que intensificó la belicosidad entre un Estado policial y el pueblo mapuche, así como anida una semilla envenenada para la administración entrante, dado que desde el Ejecutivo han creado las condiciones favorables para entregarle una zona caliente y contaminada, pero, a la vez, proporcionarle al Estado chileno la excusabilidad del genocidio contra los mapuche en esta etapa histórica el Siglo XXI, hecho que sienta las bases para la impunidad mediante una legalidad corporativa, lo que puede extender los roces entre el Estado chileno y la reivindicatoria de este pueblo originario.

Este panorama expone al Estado chileno ante el derecho internacional, ya que la autodeterminación mapuche y sus ramas como la restitución, reparación e indemnización de las tierras que fueron birladas, urgen a la restitución de territorios y a la autonomía mapuche, lo que a estas alturas es cosa de tiempo.

Sin embargo, una señal para el entendimiento entre los pueblos surge del gobierno entrante, que en boca de su futura ministra del Interior, Izkia Siches, anunció el fin del estado de excepción constitucional en la macrozona sur o Walmapuche, es decir, en las provincias de Biobio y Arauco; en la región del Biobío, y en las provincias de Cautin y Malleco; en la región de La Araucanía, con lo que el Ejecutivo que toma la posta se deshace de las decisiones anteriormente adoptadas, esperándose que no sigan las muertes, montajes y las operaciones de falsa bandera, que continúa minando las relaciones entre el Estado chileno y los mapuche.

El hecho de que Piñera haya recurrido al Ejército, significa que su frase “estamos en guerra” durante el estallido social se hizo efectiva, prolongando ese momento en el tiempo y el espacio para la zona sur chilena. El negro historial de la institución armada en los anales recientes del país le sitúa en la más extensa y grave violación a los Derechos Humanos, lo que se suma a su sangriento pasado en la “Pacificación de La Araucanía”, con la masacre de miles de mapuche, equivalente a la actual masacre y genocidio del pueblo palestino a manos del régimen sionista de Israel, que dicho sea de paso, tanto el Ejército chileno como el sionista emplean las mismas armas, y asesinan con las mismas balas, tanto a palestinos como a los mapuche, y esto es así por manufacturación de fábrica, con los respectivos convenios armamentísticos que firmaron la expresidenta Michelle Bachelet, y Sebastián Piñera y dicho régimen.

Algunas comunidades mapuche exigen el esclarecimiento, sanción y reparación sobre los crímenes de genocidio contra su pueblo, lo que contextualizan en la deuda histórica, condición para el establecimiento de la paz, según organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras, y su vocero, Aucan Huilcaman.

El actual estado de excepción constitucional, aprobado por el Congreso chileno en su primera etapa del 12 de octubre de 2021, termina el mismo día de la asunción del nuevo presidente, Gabriel Boric, el 11 de marzo de este 2022.

Solo seis de 32 alcaldes de La Araucanía pidieron prolongar la vigencia del estado de excepción, solicitud que plantearon en conjunto a empresas privadas forestales y a la policía militarizada de Carabineros, ambas acusadas de abusos contra los mapuche, según diferentes organizaciones indígenas, responsabilidad que estará bajo el nuevo gobierno entrante del presidente Boric, el que avisó “no vamos a comenzar renovando el estado de excepción en La Araucanía”.

Mientras tanto, bajo el actual estado de excepción seis personas han sido muertas, así como los incendios forestales y los ataques a los trabajadores forestales tampoco no han cesado, hecho que en la práctica no sirve, a la luz de las agresiones paramilitares, siendo así una medida anacrónica y burocrática, adoptada por el gobierno de Piñera, hace cuatro meses.

Entre tanto, la petición de una ínfima cantidad de alcaldes, manifestada en la vocería del alcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao, no cayó nada de bien en otros dirigentes mapuche como la electa concejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, Ana Llao, quien al respecto dijo que es una mala señal, y criticó “… hoy defendiendo a los empresarios y el Estado de Chile. Mi rechazo total”.

Sobre los principios esgrimidos por la futura ministra del Interior, para no prolongar el estado de excepción, Siches manifestó “esperamos mantener el estado de derecho”, y aseveró “queremos presentarle al país una estrategia diferente”, declaraciones a las que se sumó la diputada electa por el Distrito 23, Erica Ñanco, quien en sus redes sociales, dijo “No somos partidarios de una nueva prórroga del estado de excepción; es una medida arbitraria que no se traduce en seguridad ni paz en el Walmapu”.

Pese a la presencia de tropas de las Fuerzas Armadas, de la policía preventiva de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, agentes de civil, agentes infiltrados, informantes, telecámaras de vigilancia, sobrevuelos de aviones y helicópteros, drones, apoyo satelital y guardias de seguridad privados, el gobierno militarista de Sebastián Piñera no entrega resultados empíricos de las quemas de madera, ataques incendiarios ni de los asesinatos en la macrozona sur, lo que despierta dudas sobre la verdadera identidad de los paramilitares causantes de estos crímenes, cuyos hechos terminan perjudicando a los mapuche y a los trabajadores chilenos, nunca a la elite.

Saquen ustedes las conclusiones de quiénes son los terroristas, porque no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Los antecedentes están a la vista. Como dijo el imam Ali (P); primer imam de los musulmanes chiítas- “Hay suficiente luz para quien quera ver”.