Los actos de corrupción se han cometido a través del tiempo desde la historia antigua hasta la contemporánea. La ambición por el poder o la acumulación de riquezas han sido las causas principales que llevan al ser humano a utilizar “cualquier medio” para obtenerlos. En contraposición han aparecido personajes e instituciones que han denunciado o no han permitido que esta situación continúe, debido a las connotaciones sociales de injusticia y desigualdad, así se hace necesario pensar en una legislación que delimite cada acto corrupto como un delito a sancionarse; sin embargo, no es suficiente por problemas estructurales que requieren cambios radicales, así como eliminar la corrupción enquistada en espacios de justicia.

En Latinoamérica en los últimos años se ha puesto de “moda” hablar de corrupción, sobre todo a nivel político – administrativo. ¿Pero, por qué ha resurgido esta ola de denuncias y escándalos políticos? Quien no ha leído o ha escuchado acerca del soborno, abuso de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, nepotismo, obstrucción de la justicia… que son prácticamente parte de nuestro diario vivir, y precisamente esto es más grave que la corrupción misma, ya que suele pensarse que es una situación “normal” derivándose dos efectos; renegar de la política y provocar apatía y rechazo del ciudadano a participar en estos espacios permitiendo que grupos de poder continúen controlando la situación y ocultando sus propias acciones ilícitas. El otro efecto es provocar indignación popular con el bombardeo de noticias de corrupción, para desestabilizar gobiernos creando caos social, anarquía e ingobernabilidad. Favoreciendo nuevamente a sectores de poder.

Este fenómeno se ha vuelto común como parte de una lucha política, donde las corrientes conservadoras o de derecha, valiéndose del poder económico que los sustenta, propician demandas, juicios y sanciones a sus opositores; en los países latinoamericanos, estos sectores han usado el discurso de la “lucha contra la corrupción”  con la finalidad de perseguir y atacar a sus rivales políticos, que  generalmente son fuerzas progresistas, tal es el caso de Venezuela, Cuba, Ecuador, Brasil, Argentina, y desestabilizarlos al llegar al poder o eliminar el peligro de reelección, lo cual termina siendo en los hechos, una arma política.

En diversos escenarios del mundo, el quehacer político es sinónimo de corrupción. Actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder son publicados y generan malestar y rechazo en la ciudadanía. Fundamentalmente cuando se polariza el esfuerzo del ciudadano común por cubrir sus necesidades frente a un rápido y sobredimensionado enriquecimiento de los políticos, tal es el caso del “Rey de España” Juan Carlos Borbón.

En otras ocasiones se propagan los supuestos ilícitos de personajes políticos populares, pero no se llegan a concretar procesos judiciales, quedan en escándalos públicos carentes de pruebas; y lo que han logrado es su desprestigio público haciéndolo viral de redes sociales. Por el contrario, si ciertos sectores de poder son demandados por pago de impuestos, paraísos fiscales, contrataciones públicas, entre otros delitos de alto vuelo; se desvía el caso, se compra jueces y testigos, los juicios se prolongan hasta que se pierda memoria pública y queden en el olvido.

La corrupción constituye una de las mayores fuentes de inestabilidad política que amenaza a la frágil institucionalidad democrática de América Latina. Mal endémico, difícil de erradicar, atraviesa nuestras sociedades a todos los niveles, pero concentra su poder corrosivo sobre el sistema político minándolo por dentro y cimentando la desconfianza generalizada de la ciudadanía. De allí que no basta con mejorar el sistema judicial y el control ciudadano, se requieren políticas sociales y económicas que permitan a los ciudadanos el desarrollo de una vida íntegra y participativa. La justicia social y económica, junto al combate a la impunidad, constituyen armas esenciales para el vencer a la corrupción.

La formación ética surge de la relación hogar – escuela, en la cotidianeidad se van formando ciudadanos que replican prácticas socialmente aceptadas sin darse cuenta que son el nido de actos de corrupción: compra de calificaciones mediante sobornos a docentes, fraude y deshonestidad académica, padres que encubren delitos, por ejemplo, el robo, microtráfico, amenazas o violencia entre pares. Abusos de maestros, ausentismo, contrataciones, cuotas o contribuciones injustificadas, premiaciones, concursos, etc.

La perspectiva ética que se requiere para emprender estas transformaciones debe ser una nueva forma de poder político, fundamentado en nuevos valores democráticos, que no se queden en el formalismo, sino que impregnen la vida concreta de las personas. Este tema tiene que ver mucho con procesos de democratización y con métodos de participación de la ciudadanía como por ejemplo observatorios sociales, defensorías públicas, comités de transparencia, foros ciudadanos, que son espacios importantes de discusión no obstante se habla más de corrupción que de ética, que es lo que contrapone y lo que debería orientar nuestras conductas en todos los campos, en particular, la de aquellos que asumen responsabilidades en lo público.