Autora: Jessica Pernía. Ilustración: Etten Carvallo
Segundo Paso para Nuestra América.- La producción y distribución de agua potable para el consumo de los humanos, es uno de los temas más recurrentes en las agendas de debate global, tanto en el ámbito de las políticas públicas, como en el ámbito empresarial privado, y en el ámbito de la sociedad civil, fundamentalmente de comunidades indígenas, campesinas o rurales. En México, a pesar de la delicada situación en los niveles de reservas, tratamiento y abastecimiento, contradictoriamente, se sostiene un fenómeno característico: la extensión de la privatización, extractivismo y consumo de agua embotellada, con drásticos efectos sobre la naturaleza y las comunidades indígenas.
Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder.
Eduardo Galeano
A pesar de que México está en una de las posiciones más delicadas respecto al acceso y distribución de agua potable, teniendo un mayor grado de “inseguridad hídrica a nivel mundial”, un fenómeno ha ido recrudeciendo la situación, y es precisamente el extractivismo corporativo exógeno, la privatización del recurso y en consecuencia los daños colaterales a comunidades enteras.
Según el diario El Economista (2010), la empresa francesa Danone y las empresas norteamericanas Coca Cola y PepsiCo, controlan 82% de las ventas de agua embotellada en México.
El grupo de consultores AIDA Américas, sintetizó durante 2013, que las marcas de agua embotellada con más presencia en México son: Bonafont del Grupo Danone, Ciel de Coca Cola, y las marcas EPura y Electropura de Pepsico. Sin dejar de mencionar la marca Peñafiel del grupo británico Cadbury Schweppes, además de las marcas Pureza Vital y Santa María, de la asociación Water Partners México, conformada por la francesa Nestlé Waters y el Grupo Modelo. Lo que ofrece un panorama sobre el acumulado de empresas extranjeras responsables del extractivismo de agua (y ganancias) y la comercialización de agua embotellada en el mercado mexicano.
Lo paradójico, según Raúl Pacheco (Espiral Guadalajara, 2014), es que a pesar del dominio de las empresas transnacionales, cerca del 11% del mercado mexicano está colmado por más de 7.000 pequeñas empresas derivadas o purificadoras de agua, con una certificación de calidad cuestionables, sin un sistema de monitoreo y auditoría tanto en términos de permisos y procesos de extracción como en procesos bacteriológicos o químicos. Todo debido precisamente a los niveles de interés económicos financieros interviniendo en la política nacional y local, y cuyas consecuencias poco a poco han ido apareciendo drásticamente.
Nada más durante el mes de mayo de 2021, en el estado de Puebla, ocurrió un fenómeno que tensionó más la situación respecto al extractivismo de agua y derivados, la aparición de un enorme agujero de sesenta metros de diámetro y veinte metros de profundidad, que ya en la actualidad alcanza los ciento veinte metros de diámetro y los cuarenta y cinco metros de profundidad. Incluso diferentes fuentes, informan de la aparición de un segundo agujero o socavón en el mismo sector.
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), adjudicaron el fenómeno a la sobreexplotación de los acuíferos de la zona y a la degradación del terreno.
Desde antes de la aparición del fenómeno, los pueblos indígenas Nahuas, ciudadanos y ciudadanos de las comunidades cercanas a los sectores de instalación de las corporaciones, fundamentalmente los de la colonia Los Ángeles, Zacatepec y San Juan, ya denunciaban la sequía total de sus pozos de consumo, justamente debido al extractivismo de las empresas embotelladoras, como las ubicadas en el Valle de Puebla, la empresa Bonafont y la Junghanns de origen alemán. Los pueblos Nahuas también promovieron una serie de acciones, como la toma simbólica de la planta Bonafont, de la cuales se desprendió un comunicado:
“Esta empresa se instaló en nuestro territorio en el año de 1992 (29 años hasta 2021) con el nombre de EMBOTELLADORA ARCOIRIS S.A de C.V (…) desde entonces esta empresa ha saqueado, aproximadamente, 1 millón 641 mil litros de agua diariamente, todo directo de los mantos acuíferos de nuestra región, provocando afecciones serias sobre nuestros pozos, lagunas, ríos y ameyales; dificultando la realización de nuestras actividades agrícolas y otras fuentes de autoempleo. Para nosotros los Pueblos Nahuas Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, la naturaleza no es un recurso que se pueda vender, comprar o saquear; el agua y la tierra, son parte sagrada de nuestra vida, más que un derecho, es un bien que da vida a la comunidad”
En México, aunque las aguas se consideran bienes de propiedad nacional y su distribución según normativas, debe “atender el bienestar general de la población”, son las corporaciones las que concentran las concesiones de extracción e industrialización, bajo esquemas de corrupción cada vez más evidentes.
Caso contrario, los derechos de acceso y uso de las aguas de los pueblos indígenas, “se encuentran limitados por el orden jurídico”, que resta prioridad y acceso al agua para consumo humano y de labores artesanales, para hacer predominante el acceso a las empresas y corporaciones. Todo esto quebranta los derechos de gestión comunitaria del agua y “los sistemas hidráulicos tradicionales sustentados en los derechos territoriales de México”.
Estas atrocidades además, se realizan alejadas del significado simbólico que tiene la adquisición y uso del agua para la vida: convirtiéndose en un acto simbólico de mercantilización del recurso hídrico. Una evidencia de que el agua “ha dejado de ser un bien público, un recurso al cual tenemos todo el derecho de acceder”, y se ha convertido en un bien privado, transable, por el cual se puede pagar un precio. Una vulgar mercancía.
Se parte del supuesto de que la constitución y las más de diez normativas legales existentes pudieran servir de plataforma para una ordenación más pertinente, sin embargo, el marco regulatorio e institucional en materia de agua de México, también parece estar sumamente debilitado.
El artículo 27 de la Constitución mexicana es el que establece el criterio patrimonial sobre las aguas nacionales. Según éste, las aguas son propiedad originaria de la nación y de ellas tiene el dominio inalienable e imprescriptible. La nación puede transmitir el dominio de las aguas a los particulares, constituyendo la propiedad privada, mediante una concesión para la explotación, el uso o el aprovechamiento. “La Ley de Aguas Nacionales (LAN) publicada en 1992, es el ordenamiento reglamentario en materia de derechos de agua que se desarrolló a partir de esta base constitucional”. Sin embargo, este modelo favorece la acumulación del uso del agua “por los usuarios dominantes (…) y encumbrados como prioritarios”; facilitando, por ejemplo, la transmisión de las aguas comunitarias para usos industriales y comerciales.
Existe en la actualidad una propuesta de sustituir la vieja y manipulada Ley de Aguas Nacionales, por otra denominada Ley General de Aguas, que incluso tiene dos versiones en pugna, una versión institucional y una versión creada por organizaciones sociales. En la versión de la sociedad organizada, la propuesta de ley se enmarca en doce consensos:
1. Respetar la naturaleza.
2. Respetar aguas de pueblos y comunidades.
3. Coadministrar aguas en Territorios.
4. Derecho a vetar proyectos dañinos.
5. Prohibir agua para minería tóxica y fracking.
6. Acabar con los millonarios del agua.
7. Cerrar las puertas a la privatización.
8. Democratizar los servicios del agua.
9. Priorizar el agua para la soberanía alimentaria.
10. Garantizar acceso pleno a la información.
11. Asegurar recursos públicos suficientes.
12. Erradicar la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, el debate, reforma o aprobación de una nueva ley, ha sido postergada por otras prioridades políticas y por falta de consenso.
La alta conflictividad entre los intereses sociales- político-económicos y la desactualización normativa, además de científica, impide que se consumen otras prácticas sobre el fenómeno del agua en México, no solo para la atención y mediación en los conflictos, sino para la protección y garantía de los derechos humanos y ciudadanos respecto al agua y al saneamiento, la regulación del extractivismo corporativo, los cambios en los patrones de consumo inducidos, la promoción de gestión comunitaria del agua, y el aprovechamiento adecuado de los recursos acuíferos.
