Segundopaso – La mayoritaria población musulmana chiíes de Bahréin supera el 90% en el país. Sin embargo, esta mayoría, se encuentra regida por una monarquía proccidental, de Hamad ibn Isa al Jalifa, que arribó al poder en 1999, controlando su territorio, que a principios de los años 90 abrió las puertas a una base militar norteamericana, en Juffair.
La represión de los chiies bahreiníes ha venido de la mano con miles de personas arrestadas, así como el martirio de manifestantes y la pena de muerte de opositores, aumentada en 600% desde 2011, según el Instituto de Derechos y Democracia de Baréin.
Se añade la constante persecución de religiosos y dirigentes chiíes, con innumerables ciudadanos disidentes encarcelados. No existe un número oficial de personas en las prisiones de la monarquía, pero se teme que son miles, quienes están incomunicados, sometidos a penas de muerte dictadas de forma sumaria.
El régimen ha prohibido, también, a la población de musulmanes chiíes efectuar ceremonias religiosas, a tal grado, que interrumpen las mismas y arrestan a los religiosos que las encabezan.
A tenor de estos eventos, el sitio web Mirror News, menciona la detención, en septiembre de 2018, de tres religiosos chiíes, a quienes acusaron de promover, supuestamente, el odio contra la monarquía e incluso, las mismas fuerzas policiales, rompieron los avisos y carteles de ceremonias islámicas, tal como ocurre, usualmente al día de hoy.
Cada año, con la llegada de Muharram, fecha conmemorativa con ceremonias de luto por el aniversario del martirio del imam Husein (P), el tercer imam chiíes, y nieto del profeta Muhammad (PBED), el régimen monárquico de los Al Jalifa prohíbe los rituales de Ashura, en concordancia desde 2011, cuando la ciudadanía del país inició sus protestas pacíficas para exigir el fin a la tiranía represiva.
Desde el mismo año, la dinastía Al Jalifa ha venido destruyendo mezquitas, oratorios y centros islámicos, al grado que entidades religiosas del país cifran en 38 las mezquitas chiíes destruidas en todo el territorio, a partir de 2011. En efecto, esta situación agrega que diversas organizaciones de derechos humanos internacionales, como Human Rights Watch, junto a Amnistía Internacional, han denunciado las atrocidades de los Al Jalifa contra los opositores al régimen.
Los Al Jalifa ha aprovechado la pandemia del Covid19 para prohibir ceremonias y minimizar las críticas que se elevan con indignación, además de las persecuciones contra los musulmanes chiíes.
En efecto, la norma en Bahréin prohíbe actos públicos o con aforo reducido, pero, la represión va por igual, al grado que de forma caprichosa los centros religiosos que celebren ceremonias podrían ser objeto de cierres de hasta tres años, además de las multas contra los mismos. Para esta criminalización de la mayoría chiíta, los medios de comunicación, adeptos al régimen, se han dado a la tarea de denostarlos y denunciarlos, a objeto de ejecutar su férreo control para auto otorgarse una razón artificial que le abra paso al encarcelamiento de disidentes.
Uno de los más importantes dirigentes religiosos, el sheij Issa Ahmad Qassem, ha condenado en diferentes ocasiones las decisiones del régimen Al Jalifa, por prohibir las ceremonias religiosas en Muharram, y ha denunciado el doble estándar, por no prohibir, por ejemplo, lo mismo, pero, para otros centros de diversión, hecho que dificulta la libertad de creencia y religión.
La organización, ACLED-Religión, entidad que monitorea la libertad de culto en el mundo, informa que en Baréin se han restringido las ceremonias de luto de los musulmanes chiítas e incluso el llamado a la oración islámica, el Adhan, registrando seis hechos de hostigamientos contra esta comunidad mayoritaria, ocurridos entre enero a marzo de 2021, los que se han perpetrado en diversas ocasiones, una de ellas, durante Ashura, y en otras, contra llamados a los rezos en mezquitas.
Las ejecuciones de musulmanes chiíes son practicadas, especialmente, contra hombres, estadística que se refleja en un 88% de víctimas de este género, los que desde 2011 han sido ahorcados por cargos nacidos de montajes de supuesto “terrorismo”, víctimas que nunca estuvieron detrás de hechos violentos, tan solo en manifestaciones públicas, lo que para el régimen Al Jalifa ya es suficiente para ser merecedor de la pena de muerte. Como complemento a esto, el 100% de ellos, antes de ser asesinados, denunciaron haber sido torturados, según revelaron sus propios familiares.
Sayyed Ahmed Alwada, ei, director del Instituto de Derechos y Democracia de Baréin (BIRD), señaló que el régimen Al Jalifa practica las ejecuciones de los opositores por “venganza” contra las manifestaciones, y dijo ante medios de comunicación alternativos que “quienes enfrentan una ejecución que se aplicará tarde o temprano, la tensión por la incertidumbre por sus vidas es un hecho de tensión único, para ellos y sus familias”.
Estos hechos han sido denunciados por los bahreiníes, quienes, en el caso de la muerte por negligencia médica que sufrió Ali Qambar, prisionero político del régimen Al Jalifa, reactivó una ola de protestas.
Las manifestaciones de centenares de personas, comprometidas con la democracia y la libertad, desafían al régimen monárquico, desarrollándose pese a las fuertes penas de cárcel a las que se ven sometidas. Estas movilizaciones se centraron en la negligencia del régimen Al Jalifa hacia los presos políticos hospitalizados, lo que llevó al deceso de Qambar por desidia y negligencia expresa, quien para 2014 se le había detectado un tumor, producto de torturas sufridas en prisión.
A Ali Qambar se le había ramificado el cáncer por los tratos degradantes sufridos, y por la falta de asistencia oportuna, además de negarle servicios médicos que hubieran minimizado esta problemática, lo que finalmente terminó por quitarle su vida.
Esta negación de servicio, de acuerdo a los informes de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, señala que los funcionarios del régimen emitieron una marca política hacia Ali Qambar, que le impidió acceder a los cuidados que le hubieran permitido sobrellevar el cáncer que le afectó, muriendo en condiciones infrahumanas, y encarcelado.
Esto ha llevado a que sigan las manifestaciones, exigiendo la liberación de todos los activistas políticos presos, desde la revolución pacífica de 2011, lo que le ha costado la vida a cientos de disidentes en el reino.
Lamentablemente, el silencio internacional que afecta al movimiento popular chiíta, para un cambio transformador social, lleva, en consecuencia, a que no se conozca la cruda realidad de uno de los más connotados dirigentes religiosos musulmanes, encarcelado en las mazmorras del régimen de los Al Jalifa. Es el caso del sheij Ali Salmán.
El sheij Salman sufre el cómplice silencio en los medios de comunicación corporativos, que han invisibilizado y silenciado su caso en favor de las relaciones diplomáticas que desarrolla la monarquía con el régimen de Israel, como si este efecto pontificara el estatus de ambos entes, tanto del régimen de los Al Jalifa como del sionista.
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Importantes han sido las declaraciones de Aliya Radhi, esposa del sheij Ali Salmán, quien denunció el veredicto sumario de su esposo ante el canal internacional Al Mayadin.
El sheij Ali Salmán, quien además es secretario general de la Sociedad Nacional Islámica al-Wefaq, sufre de prisión política, pero lo más sorprendente, según Aliya Radhi, es el abismante silencio que ejercen los medios de comunicación y la comunidad internacional ante la vía por la que optó el aparato judicial bahreiní, en manos del mismo régimen.
Aliya Radhi, en estas declaraciones, señaló: “No he visto más que perseverancia y firmeza en él. Él siempre nos da fuerza y esperanza e insiste en (perseguir) las demandas de la nación bahreiní, especialmente, de los hijos de mártires y los encarcelados”. Añadió que espera que su marido sea pronto liberado de prisión. Esto pone de relieve que él, junto a miles de prisioneros, o incluso personas en libertad, viven en Baréin como si fueran extranjeros en su propio país.
Manuel Arismendi, Segundo Paso.
