Segundopaso – Cerca de dos centenares de indígenas de la comunidad Wixárika marcharon a pie desde el occidental estado de Jalisco rumbo a Ciudad de México para exigir el cumplimiento de sentencias judiciales que han ordenado la devolución de un vasto territorio. Desde hace 12 días, el contingente ha caminado unos 350 km desde su comunidad de origen en San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco, hacia Ciudad de México en busca de una reunión con el presidente mexicano, denominada la “Caravana de la Dignidad y la Conciencia Wixarika”.
La comunidad indígena reclama que la justicia mexicana ejecute una sentencia favorable que obtuvo hace más de una década para recuperar un territorio de unas 11.000 hectáreas ocupado y explotado por ganaderos.
“Han muerto muchos de nuestros líderes, muchos de los comuneros, han pasado generaciones y generaciones y el problema sigue. Entonces la comunidad decidió emprender esta marcha”, declaró Óscar Hernández, presidente Comisario de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxltlán.
Vestidos con sus trajes típicos, los integrantes de la marcha caminan acompañados de elementos de seguridad, principalmente en regiones limítrofes entre los estados de Zacatecas y Jalisco, por a la alta presencia del crimen organizado en la zona.
Reunión para solucionar conflicto
Este lunes, integrantes de la comunidad Wixárika fueron recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para firmar acuerdos en defensa de sus territorios sagrados. Ubaldo Valdez Castañeda, Comisionado Agrario de la Comunidad Wixárica, explicó para IMER Noticias que su único interés es el de conservar sus tierras:
“Para nosotros la tierra es muy importante. Para decirle a la clase política que para nosotros la tierra es nuestra esencia. Sin la tierra nosotros no existimos”.
Tras las conversaciones, el mandatario se comprometió a garantizar la devolución de su territorio, sobre todo, a restituir las tierras de manera integral y para cumplir con los procesos judiciales y administrativos como lo solicita esta comunidad indígena.
Por otra parte, Román Meyer Falcón, responsable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano – SEDATU ha expresado que más de cien años después, la lucha campesina y el agrarismo continúan vigentes en México. Por ello, la labor que realiza desde este sector de desarrollo, se propone incidir positivamente al interior de los núcleos agrarios y los territorios de los pueblos originarios:
Un ejemplo de ello es el trabajo con el que participamos dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Hace apenas unos meses se hizo entrega de las primeras 2 mil 943 hectáreas a las autoridades tradicionales de los ocho pueblos en Sonora, contribuyendo a saldar una deuda histórica con estas comunidades.
La lucha agraria en México tiene una historia que ha transitado distintas épocas, con hitos que han marcado, definitivamente, el rumbo del desarrollo nacional. Lo que une a esta causa es la salvaguarda de los derechos sobre la tierra y un compromiso con el bienestar de los millones de personas que viven del campo en este país. La búsqueda de justicia agraria tiene sus raíces en el Plan de Ayala, promulgado por Emiliano Zapata en 1911. Más tarde, Venustiano Carranza emitió la primera Ley Agraria de la Revolución el 6 de enero de 1915. Estos ordenamientos, los más importantes desde las Leyes de Reforma, dieron sustento al artículo 27 de la Constitución de 1917, cuyos preceptos sobre la propiedad social de la tierra, la justicia y la vida comunitaria han sido reconocidos mundialmente; así lo explicó esta autoridad del estado.
Del mismo modo, afirmó que el actual gobierno ya viene trabajando por dar solución a esta antigua problemática, entre algunas gestiones pese a los retos impuestos por la contingencia sanitaria, el Registro Agrario Nacional (RAN) logró atender a 623 mil 979 sujetos agrarios en el último año. Además, junto con la Procuraduría Agraria (PA) se ha desarrollado estrategias para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura del sexenio, que desde la perspectiva de desarrollo son oportunidades únicas para regularizar la propiedad de la tierra y ordenar el territorio. Se brinda información agraria y productiva, así como labores de ordenamiento territorial para los 7 tramos y más de 150 núcleos agrarios involucrados. También se han realizado acciones de medición, integración de expedientes y expedición de copias certificadas para regularizar la propiedad social.
Todo ello se integra a los polos de desarrollo de bienestar para el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, entre otras medidas que han beneficiado a los sujetos agrarios, pues existe el compromiso desde el gobierno federal, a saldar las deudas históricas en este sector y se restituya el patrimonio agrario nacional, que por derecho pertenece a quienes protegen y trabajan la tierra en México.
