AUTORA: JESSICA PERNÍA. ILUSTRACIÓN: ETTEN CARVALLO
Segundo Paso para Nuestra América.- Revisando la política de Bukele durante estos cortos pero complejos años gobierno, se pueden encontrar elementos que parecen identificarlo como el calculador empresario que es, con una formación en apariencia revolucionaria, pero con decisiones que unas veces rayan en la tiranía y otras en el progresismo. Unas en la eficacia y otras en el interés. Unas en la izquierda y otras en la derecha. Sin duda, una ambigüedad inconveniente. Un presidente joven que “tiene un discurso de odio en un país violento”, además de una actitud pragmática frente a una sociedad compleja lesionada por el pasado, que se publicita en un festival de encuestas, y que mientras tanto va cambiando las reglas a discreción con lo que parecen ser buenos resultados, sin duda permiten que reine la confusión y se sortee el encasillamiento, mientras se esperan los resultados históricos del experimento. La aprobación o el rechazo del departamento de estado norteamericano acelerará la inclinación de la balanza.
La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo costarricense, CID Gallup, una empresa privada especializada en encuestas de opinión, en su último informe publicado recientemente con datos de mediados del mes de mayo de 2022, ha determinado que Nayid Bukele es la persona política más popular en su país , además de ser el presidente con mejor desempeño en Latinoamérica, alcanzando un 86% de aceptación entre la población encuestada.
Contradictoriamente el desempeño de Bukele, también se ha visto cuestionado en el Democracy Report 2022, elaborado por el V-Dem Institute, del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gothenburg, Suecia, que anexó a El Salvador en la lista de naciones con regímenes autocráticos electorales, siendo la autocracia una clasificación contraria a la democracia como modelo político.
Sin embargo más allá de las comprobaciones, el gobierno con apenas tres años al frente de la administración de la nación salvadoreña, ha sido foco de altos niveles de polémica desde su llegada al poder durante el 2019, cuando diferentes movimientos y organizaciones sociales ya alertaban sobre la utilización de artificios contrarios al respeto a los derechos humanos como la persecución política, la militarización, el alto costo de la vida, o los altos índices de corrupción dentro de las instancias de gobierno, que recrudecieron conforme Bukele modificar controlar los poderes públicos en tiempo grabar, incluyendo la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, concentrando así mayor poder político. La Fundación para el Debido Proceso, se refiere al respecto:
La separación de poderes en El Salvador se ha reducido a la mínima expresión, y solo opera cuando los otros órganos debaten asuntos en los que el Ejecutivo no tiene intereses. Más que tres poderes independientes y separados, existe una sola fuerza política en control de todos ellos, concentrada en el Ejecutivo. El sistema de pesos y contrapesos democráticos ha desaparecido; el único contrapeso que subsiste lo ejercen las organizaciones sociales, sectores académicos y el periodismo de investigación (Informe “Justicia Amordazada”, p.19)
Una de las medidas que ha causado mayor controversia, ocurrió este mismo año durante el mes de marzo, cuando Bukele solicitó a la Asamblea la aprobación del decreto legislativo 333 en el que se establece un estado de excepción sin precedentes que concede facultades a las instituciones de seguridad nacional, policía y fuerza armada para restaurar el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial, suspendiendo la libertad de asociación, el derecho a la defensa, los plazos de detención administrativa, y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones; medida que se ha extendido ya por más de cuatro meses, en cuatro oportunidades.
La decisión, fundada en los altos índices de criminalidad y asesinatos perpetrados por el sistema de pandillas llamadas “maras salvatrucha (MS-13)” y “Barrio 18”, parece ser legítima si de luchar contra el crimen se trata, sin embargo, el saldo ha dejado más de 46 mil personas detenidas hasta ahora, incluyendo población de los barrios y comunidades más pobres, vulnerando en muchos casos los derechos individuales y las garantías procesales que las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos denuncian como parte de una política arbitraria que desequilibra la aplicación de justicia, desmeritando los valores democráticos y los principios constitucionales. El presupuesto desproporcionado para la construcción de una mega cárcel que pretende ser el “centro de confinamiento del terrorismo” y de los 46 mil detenidos, revela más elementos.
Además, las medidas policiales y militaristas del Presidente Bukele no parecen ser transitorias o excepcionales, sino que asoman cierta institucionalización política, prendiendo las alertas de la comunidad internacional, incluso desde que comenzaron a hacer sus críticas públicas contra los Acuerdos de Paz.
El mensaje del pasado
Para nadie es un secreto que la historia salvadoreña estuvo signada por cruentos golpes de estado, conflictos armados permanentes y una guerra civil que se agudizó por 12 años, dejando más de setenta mil muertos y 8 mil desaparecidos, y que finalizó tras múltiples intentos de organismos internacionales, el gobierno, y la propia sociedad civil, con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Luego de este período, inicia lo que pudiese llamarse un proceso de pacificación de la política y la sociedad, o lo que otros autores han catalogado como la democratización de El Salvador.
Si bien se trató de un documento que ya cumplió 30 años de existencia, ha sido faro en torno al papel de las fuerzas Armadas, del sistema judicial, y la defensa de los derechos humanos en la sociedad salvadoreña, representando los principios por los que la política interior se debe regir, dejando atrás la violencia como arma.
Los Acuerdos de Paz de El Salvador representan un legado tanto para la población salvadoreña como para América Latina. Los aprendizajes del proceso para su construcción, para la negociación de su texto, así como sus múltiples impactos positivos, han sido consultas obligatorias para procesos y acuerdos similares. Si bien acuerdos posteriores, respondiendo a su propio tiempo y contexto, han sumado nuevas temáticas y actores en su desarrollo, todos han buscado establecer unos mínimos para la convivencia pacífica; mínimos que no permiten retroceder. El conflicto armado al que respondieron fue la violenta culminación de una larga historia de abusos de poder e irrespeto a las exigencias de la democracia. (Informe: Los acuerdos de Paz de El Salvador y la construcción de la democracia)
Es por esto que cientos de personas han rechazado en las calles, en los medios de difusión, en espacios públicos, incluso denunciado frente a organismos internacionales, no solo las cuestionables opiniones de Bukele al respecto, sino las diferentes políticas que asoman una remilitarización del Estado , una discrecionalidad institucional, y una criminalización social que recuerdan el pasado y que abren el debate sobre los verdaderos intereses de Bukele.
Ambigüedad inconveniente
Acercarse a la lectura, análisis y opiniones sobre la realidad de El Salvador basado en el papel de su presidente, lejos de aclarar sobre el devenir del país, confunde.
Revisando la política de Bukele durante estos cortos pero complejos años de gobierno, se pueden encontrar elementos que parecen identificarlo como el calculador empresario que es, con una formación en apariencia revolucionaria, pero con decisiones que unas veces rayan en la tiranía y otras en el progresismo. Unas en la eficacia y otras en el interés. Unas en la izquierda y otras en la derecha. Sin duda, una ambigüedad inconveniente.
Un presidente joven que “tiene un discurso de odio en un país violento”, además de una actitud pragmática frente a una sociedad compleja lesionada por el pasado, que se publicita en un festival de encuestas, y que mientras tanto va cambiando las reglas a discreción con lo que sin duda parecen ser buenos resultados, sin duda permiten que reine la confusión y se sortee el encasillamiento, mientras se esperan los resultados históricos del experimento. La aprobación o el rechazo del departamento de norteamericano acelerará la inclinación de la balanza estatal.
