Segundopaso – A inicios del mes de julio, diversos gremios docentes, sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias se tomaron las calles de varias localidades del país exigiendo al gobierno nacional la adopción inmediata de una serie de medidas para garantizar un tope en el precio del combustible, la reducción de los precios de la canasta básica de alimentos, el acceso a medicinas con precios ajustados a la capacidad de compra de los sectores populares, así como el llamado a un uso eficiente y transparente de los fondos públicos.
Diversos sindicatos y gremios panameños agrupados en la alianza Pueblo Unido por la Vida exigen el cumplimiento de mejoras laborales. El Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), ha precisado que “los problemas acumulados son resultado de un modelo neoliberal”. Los panameños en general demandan mejoras salariales y mejores condicione laborales en los sectores de la educación y la salud.
A partir de ese momento los actores de la protesta cerraron la Vía Panamericana, bloquearon las principales carreteras y avenidas de la ciudad capital y generaron una larga serie de protestas itinerantes que paralizaron las escuelas y obstaculizaron el acceso a los servicios (transporte público, gas, energía, recolección de basuras, entre otros), mientras colapsaban las redes de provisión de alimentos desde las zonas productoras hacia la capital y otras regiones del país.
El cierre de las vías conllevó a la paralización de las empresas de transporte que trasladan a la población migrante desde la frontera Colombia y Panamá hacia la frontera con Costa Rica, lo que derivó en un estancamiento del flujo migratorio, causando algunos inconvenietes, por ejemplo en la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de la Provincia de Darién (con capacidad máxima de 250 personas), ha alojado a más de 900 personas en movilidad, algunos por varios días, sobrepasando la capacidad en más de un 300%.
Panorama de la situación
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, durante el año 2022 a través de la peligrosa ruta migratoria de la Selva de Darién han ingresado 48,430 personas incluidos 7,282 (15%) niños, niñas y adolescentes. El 58% de esta población tiene nacionalidad venezolana, seguido de un 7,9% de Haití, 5,2% de Cuba, 3,3% de Ecuador y 3,2% de Senegal, entre otras de las 50 nacionalidades que caracterizan este flujo. A partir del mes de mayo de 2022 el tránsito migratorio incrementó con el ingreso de 300 a 500 personas por día.
La complejidad de la situación radica en transitar por una densa selva, a lo que se suman eventos de asalto, violencia física y violencia sexual. Se tiene registro de más de 170 casos de enero a junio de 2022, sobre niñez no acompañada y separada, además las rutas se han diversificado ante la presión de la fuerza pública por evitar el desembarco en las costas y el transporte ilegal de migrantes.
Ante la incertidumbre de la reapertura de las vías y la saturación de las ERM, algunas personas y familias de la población migrante han decidido continuar su ruta a pie hacia la ciudad de Panamá, abandonando el flujo controlado que mantiene el Estado; la población local se ha solidarizado con los migrantes brindado bebidas y algunos alimentos.
Se ha establecido un corredor humanitario que beneficiaría a más de 4600 migrantes represados y evitar que los buses fueran atacados y se movilicen en forma segura hacia la frontera con Costa Rica.
A la fecha, se ha reportado el desabastecimiento de alimentos, gas, gasolina, dinero en efectivo, así como interrupciones en el servicio de energía, telefonía y agua para la población de Darién, lo que se aúna al cierre indefinido de las escuelas y de las vías. Para la población migrante en las ERM y las comunidades de acogida el paro ha afectado el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de agua ante los cortes de energía y ausencia de combustible, se ha agotado el suministro de kits de higiene, se mantiene restricciones para el acceso a letrinas ante el incremento súbito de migrantes y la imposibilidad de traslado de baños secos desde la capital, no se cuenta con energía permanente para recarga de celulares y contactar a sus familiares, y ante la ausencia de dinero en efectivo muchos de los migrantes no logran recibir los giros para pagar el pasaje de los buses del corredor humanitario.
Se instala mesa de diálogo
La mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios y sindicatos que reclaman una bajada del costo de la vida en Panamá se instaló casi tres semanas después de iniciadas las peores protestas vividas por el país en décadas.
La mesa única de diálogo fue instalada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y en ella participa un equipo de ministros de varias carteras y representantes de dos alianzas que integran los gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales e indígenas que impulsan las protestas.
“Toda crisis es una oportunidad para avanzar”, dijo Ulloa, en un discurso en el que llamó a la unidad nacional y en el que alertó que la población espera de estas negociaciones “respuestas concretas que le hagan recuperar la confianza en las personas y las instituciones”.
Respecto a los temas de la mesa única, los gremios y sindicatos acordaron la agenda que se abordará sobre la rebaja y congelamiento del precio de la canasta básica de alimentos, del combustible, los medicamentos y de la electricidad; el aumento del presupuesto educativo, y la corrupción y transparencia. Este es el primer intento exitoso de diálogo entre las partes, luego de que fracasara un acercamiento anterior al que no asistieron las alianzas sindicales y gremiales alegando una falta de consenso previo en los temas a negociar y la mediación.
El gobierno declaró algunas medidas, como por ejemplo la rebaja y congelación temporal de los combustibles, que dejó en 3,25 dólares el galón (3,78 litros). Así como también el congelamiento de precios de productos básicos, aunque fueron tildadas como “insuficientes” por los gremios y sindicatos, ya que va junto a un plan de austeridad y ajuste presupuestario.
