Segundopaso – Lo Reciente 19: Las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Venezuela este domingo 6 de diciembre no constituyen una jornada comicial normal. El país ha estado sumergido en una crisis política y económica que tiene su origen en la decisión de Estados Unidos, en 2018, de desconocer la legitimidad de la elección presidencial venezolana de mayo de ese año y, por tanto, convocar a los países de Occidente a desconocer el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Esto condujo a que, en enero de 2019, más de cuarenta países anunciaran su reconocimiento como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, quien a la sazón ejercía la dirección de la Asamblea Nacional, y comenzara una operación de bloqueo económico y embargo financiero a Venezuela con la intención de forzar una insurrección interna que provocara un cambio de régimen.
Las consecuencias han sido devastadoras: el país ha reducido su ingreso de divisas a prácticamente cero y le han sido robados alrededor de 60 mil millones de dólares en cuentas en el extranjero, activos y negocios; además, la principal industria nacional, Petróleos de Venezuela, fue bloqueada completamente, lo que provocó el colapso de su producción y la consecuente crisis energética de este país que, paradójicamente, posee las principales reservas de crudo del mundo.
Por otra parte, han ocurrido intentos de golpes de Estado, un sabotaje que dejó al país sin energía eléctrica por varios días y meses de racionamiento, un intento de invasión armada, un magnicidio frustrado y dos años de la mayor inestabilidad política de la historia.
En este escenario tendrán lugar las elecciones para elegir diputados y diputadas a la Asamblea Nacional al culminar el próximo 5 de enero el período constitucional del actual parlamento.
¿Por qué son tan importantes estas elecciones?
En primer lugar, la base para el reconocimiento de un gobierno usurpador en la figura de Juan Guaidó fue el hecho de que, en 2019, este diputado presidía la Asamblea Nacional, lo cual sirvió de excusa a EEUU y sus gobiernos satélites, incluyendo Europa, para proclamar que la primera magistratura del país le correspondía legítimamente a Guaidó y no a Maduro, quien es considerado por ellos como “ilegítimo. Pero la Constitución establece que el período legislativo es de cinco años y, al cumplirse ese lapso, el 5 de enero siguiente debe instalarse un nuevo Parlamento producto de una elección popular. Es decir, la ley obliga a la renovación del Poder Legislativo; por lo tanto, la supuesta legitimidad del supuesto “gobierno interino” tiene una fecha natural de vencimiento.
Esto explica que la oposición encabezada por Leopoldo López y Juan Guaidó, y respaldada por la Casa Blanca, haya anunciado que desconocería los resultados de este proceso electoral, señalando que no participarían y convocando a un boicot nacional e internacional. Se trata del ala “más radical” de la oposición venezolana, que al haberse casado con la estrategia de “cambio de régimen”, adelantada directamente por Washington, se ha empeñado en rechazar cualquier procedimiento democrático como ruta de acción política.
Este grupo ha convocado a una “consulta” paralela a las elecciones parlamentarias, donde pretenderán preguntarle a la población si está de acuerdo en desconocer los comicios parlamentarios y respaldar la agenda de intervención extranjera y bloqueo económico. Sin embargo, la convocatoria para este “evento-boicot” ha tenido una respuesta muy pobre entre los venezolanos, según señalan encuestadoras como Datanálisis. Todo indica que esta estrategia de última hora no hará sino reforzar el punto final del pretendido “gobierno interino”.
Tal situación ha permitido el surgimiento de una “oposición democrática” que ha establecido espacios de diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Precisamente, estas negociaciones produjeron un conjunto de condiciones políticas para facilitar la participación en la jornada electoral del 6 de diciembre. En este sentido, se designaron nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, que actualmente está integrado por personalidades vinculadas tanto a sectores de la oposición como del Gobierno, lo que garantiza el equilibrio en el desempeño de la autoridad electoral. Se modificó la Ley de Procesos Electorales para restituir la fórmula de representación proporcional de las minorías, lo que garantiza que todos los partidos, no importando cuántos votos obtengan, contarán con una representación en el parlamento electo. Se garantizó el equilibrio en la propaganda política y se establecieron reglas estrictas para minimizar la intervención gubernamental en la campaña electoral. Todas estas fueron las condiciones exigidas por la oposición para retomar el camino político.
Entonces, el 6 de diciembre se configurará un nuevo espacio político, con una nueva oposición y un nuevo liderazgo que será producto de la elección democrática, y no de imposiciones de poderes extranjeros. Esto permitirá reinstitucionalizar al país, lo que significa una nueva oportunidad para que la dirigencia política establezca un ambiente de estabilidad para reconstruir la economía y el tejido social que se ha visto gravemente afectado por la crisis.
Además, el hecho de que el “proyecto Guaidó” quede desvanecido obligará a Washington y la Unión Europea, en su posición de principales agresores e interventores de Venezuela, a replantearse su estrategia respecto al país y al gobierno de Nicolás Maduro. Esto adquiere especial importancia toda vez que este escenario electoral coincide con la elección y cambio de administración en Estados Unidos, lo cual abre aún más una ventana de posibilidad para un cambio en el juego.
De hecho, otro de los aspectos importantes que tienen que ver con este proceso electoral es esta coincidencia: Estados Unidos tendrá un nuevo gobierno a partir del próximo 20 de enero y todas las expectativas apuntan a que Joe Biden aplique un giro en la política intervencionista de Washington hacia Venezuela. Esto no quiere decir que el gobierno demócrata vaya a invertir su tratamiento hacia el gobierno chavista, sino que necesariamente daría un giro estratégico, no por gusto, sino más bien por el hecho incontrovertible de que la “operación Guaidó”, luego de dos años, no ha hecho sino fracasar. En este contexto, la renovación del parlamento venezolano se muestra como una oportunidad para que Washington opere este cambio en medio de “nuevas circunstancias”.
Por supuesto, no se debe esperar nada tan grande como un retiro de las sanciones, pero se podría replantear el esquema hacia una especie de “flexibilización” en el marco de una negociación directa con el gobierno venezolano.
Así mismo, la conformación de una nueva Asamblea Nacional restablecerá el funcionamiento regular del Estado, que se había visto suspendido toda vez que el Poder Legislativo entró en conflicto con el resto de los poderes públicos desde el año 2016. Esto, además de generar una cadena de lamentables acontecimientos que condujeron a la crisis actual, ha servido para agravar el bloqueo económico de Venezuela. Un ejemplo de ello es la imposibilidad de realizar importantes acuerdos y negociaciones con empresas y entes internacionales, al no poder contar con el requisito jurídico de la aprobación parlamentaria de tales acuerdos. Entonces, a partir de enero se podría recuperar cierta capacidad de negociación con actores internacionales que estaban dispuestos a desarrollar actividades comerciales en Venezuela, pero que habían estado esperando la resolución del asunto parlamentario.
El principal desafío que tiene esta jornada electoral es derrotar la abstención, ya que la población, a causa de la grave crisis económica y la longeva confrontación política, ha desarrollado una especie de “hastío” por los asuntos políticos. De hecho, las encuestas disponibles apuntan a que la participación podría ser baja. De allí que el presidente Nicolás Maduro haya dicho públicamente que si gana la oposición el 6-D, él abandonaría la Presidencia. Esto puede interpretarse como una táctica de activación y movilización para radicalizar el ambiente e incentivar el voto, tanto entre sus partidarios como entre sus detractores.
Hemos visto cómo el origen principal de la actual crisis que agobia a Venezuela reposa directamente en la situación de la Asamblea Nacional, que ha servido a los poderes globales para adelantar una agresión intervencionista de dimensiones colosales.
El 6 de diciembre está en juego la paz, la economía, la soberanía, la estabilidad social e institucional de Venezuela y, a fin de cuentas, la vida de millones de personas que han tenido que padecer una guerra entre intereses económicos y geopolíticos que nada tiene que ver con su bienestar colectivo.
Ángel González
