Segundopaso – En todo el mundo existen zonas que son exploradas y explotadas por los grandes consorcios mineros, principalmente de origen canadiense, chino y japonés. No obstante, los principales conflictos mineros suceden en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Honduras, Uruguay, Canadá, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Australia, Guyana, Papúa Nueva Guinea, Tanzania, Ghana, Filipinas y Finlandia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) atribuye esta situación a la falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales, entre otras, que sean firmes al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países (González, 2013).
Los problemas que genera la explotación minera han sido objeto de estudio y se han hecho populares en redes principalmente por los daños ocasionados a la ecología o al ambiente, así como a las organizaciones territoriales y vida comunitaria de los habitantes Al respecto, Jorge Ceja (2014) refiere que la afectación por la “minería va más allá del saqueo de las riquezas de un país. Tiene consecuencias graves sobre la vida natural y cultural”. Por lo tanto, no solamente es cuestión de una legislación minera, sino de la existencia de grandes mafias y magnates internacionales que manejan contratos multimillonarios con gobiernos locales mediante redes de corrupción.
Los daños provocados por los impactos de la exploración y explotación de las empresas mineras, a nivel territorial y ambiental son graves: contaminación y agotamiento del agua, contaminación de suelos, desgajamiento de cerros, contaminación auditiva, la intrusión en zonas naturales protegidas, la explotación y el transporte clandestino de minerales, la desestructuración territorial, además de amenazas a opositores, desapariciones y muertes de lugareños, según diversas investigaciones. (Revista Proceso, 2013)
Agrega Ceja que este tipo de “desarrollo se lleva de maravilla con el despojo, la profundización de la dependencia, la degradación de la naturaleza, el empobrecimiento de las mayorías, y la puesta en marcha de un capitalismo salvaje y mafioso que desprecia y desconoce los derechos de los trabajadores” y que en nombre del progreso se ha practicado el terrorismo de Estado y se ha criminalización a los defensores del territorio.
Un ejemplo claro es la incursión de industrias extractivistas que lucran de los recursos naturales mediante “empresas” fantasma y empresarios corruptos, mientras la comunidad internacional y organismos de derechos humanos lo mencionan, pero nunca castigan estos delitos, puesto que significa tocar grandes negocios en el que están involucrados planes políticos internacionales de dominación y saqueo de riquezas, propio de países neocolonialistas como Estados Unidos y potencias europeas intermediadas por Israel, que no quieren perder estas valiosas fuentes de riqueza, que les da más poder.
CASO MAGNATE ISRAELI
En un veredicto histórico en uno de los casos judiciales más destacados del mundo de la minería, un tribunal penal suizo declaró al empresario israelí Beny Steinmetz, de 64 años, culpable de corrupción y falsificación, condenándolo a cinco años de cárcel, además de una considerable multa de 50 millones de francos suizos (56,48 millones de dólares), informó Reuters. La sentencia, tras un juicio de dos semanas, supone un duro golpe para Steinmetz. El caso dejó al descubierto una trama de saqueo de recursos naturales en el continente más pobre del mundo.
El multimillonario heredero de un imperio de diamantes fue condenado por “corrupción de funcionarios públicos extranjeros”, en uno de los juicios más emblemáticos para el sector minero en décadas. Esta es la justicia de la que hablan los países hegemónicos, unos cuantos años de prisión (de primera clase) por décadas de destrucción de un país, y una multa pagada con las mismas exuberantes ganancias, que tampoco regresará a sus verdaderos propietarios.
Según las investigaciones, Steinmetz pagó al menos 8,5 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2012, para asegurarse el derecho a explotar la mina de hierro en las remotas montañas de Simandou, en República de Guinea. El magnate acusado también de encubrir el delito con la falsificación de documentos mediante un entramado de empresas ficticias y cuentas bancarias; sin embargo, irónicamente se declara inocente mientras admite durante el juicio que la ganancia para su empresa “fue grande” con el acuerdo celebrado con la brasileña Vale…
Su historia revela una red de corrupción que saqueó África en pleno siglo XXI generando una tragedia social. Simandou posee más de 2.000 millones de toneladas de hierro de alta calidad. Para los expertos, la mina podría cambiar el destino del país. Guinea ya albergaba la mayor reserva probada de bauxita, además de minas de oro, diamantes, uranio y petróleo. Aun así, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo: el 70% de su población vive en barrios marginales, solo una minoría tiene acceso a servicios de saneamiento y la mitad ni siquiera tiene agua potable.
Casos como estos, deja entrever grandes negociados y actos de corrupción, que durante años permanecen en la impunidad debido a la complicidad de quienes detentan el poder económico a nivel global. En esta ocasión ha salido a la luz el tema de Guinea Ecuatorial por ser un ejemplo patético de lo que sucede principalmente en muchos países de América Latina y África, verdaderos “mendigos sentados en silla de oro”.
