No es la primera ocasión que la industria farmacéutica ha sido cuestionada por la sociedad, ya que al ser un sector tan involucrado en la salud humana se le demanda empatía, transparencia y responsabilidad; sin embargo, a través de los años no ha podido ganar la confianza de los consumidores debido a su relación con el mercado que lucra con la enfermedad y el dolor de las personas, además de su éxito en ventas es dar “solución” desde una jaqueca hasta un padecimiento crónica, sin advertir dependencia o efectos secundarios a largo plazo.

En los últimos sucesos sobre la pandemia de Covid, se prometió diversos ensayos clínicos en tiempos récord para la fabricación de vacunas, y dar una esperanza a la gente en plena campaña electoral, tal es el caso de Estados Unidos e Israel; vinculando la necesidad de los pueblos con los intereses políticos.

A todo esto, los principales laboratorios farmacéuticos (AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Moderna, Novavax, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson y Merck & Co.) emitieron un comunicado en el que expresaban ‘‘atenerse a los parámetros de la ciencia’’ y no a la presión política (como fue el caso de Donald Trump, quien proclamaría que la vacuna estará disponible en Estados Unidos justo antes de las elecciones y no fue así).

Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido se han opuesto a la exención de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el covid-19. Dicha propuesta fue presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en octubre de 2020 por Sudáfrica y la India, a la cual ya se han sumado más de 100 países. Consiste en eliminar estas barreras de manera que las empresas transfieran su tecnología y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente todas las dosis que se requieren y así inmunizar lo más rápido posible a la población mundial.

El Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual y del Comercio (ADPIC) suscrito por los países miembros de la OMC no es otra cosa, sino la creación legal de monopolios en la medida en que conceden a los capitales la exclusividad, por años, de la producción y comercialización de un bien. El argumento que esgrimen es que las patentes son la única garantía para incentivar la inversión en “investigación y desarrollo”.

Lo cuestionable es que, en muchos de los casos, las investigaciones no son financiados por la propia industria, sino que se aprovechan del conocimiento producido en las universidades públicas, y se han apropiado de estos. De los US$ 13.900 millones que se han destinado a la investigación de la vacuna contra el Covid-19, los gobiernos han proporcionado US$8.600 millones y las organizaciones sin fines de lucro, US$ 1.900 millones, mientras que solo US$3.400 millones los han puesto las empresas farmacéuticas privadas, apenas el 25% (Airfinity). A esto debemos sumar el mercado seguro que tiene la vacuna, de hecho, para diciembre de 2020 los gobiernos de los países llamados “desarrollados” ya habían pre encargado 10.380 millones de dosis.

La empresa farmacéutica estadounidense Moderna desarrolló la vacuna contra el covid-19 con financiamiento 100% público, recibió US$ 562 millones. Le fueron pre encargadas 780 millones de dosis a un precio que ronda en promedio los US$ 31/dosis, lo que le genera ingresos por el orden de US$ 24.000 millones.

Pfizer/BioNtech, también estadounidense recibió US$ 268 millones del gobierno, A Astrazeneca/Oxford de capital inglés, le pre encargaron 3.290 millones de dosis, pero el 67% de los US$ 2.200 millones que dedicó a la investigación fueron públicos. A Jhonson & Jhonson le encargaron 1.270 millones de vacunas con financiamiento 100% público. Lo que significa beneficiar con exuberantes ganancias a pequeños grupos privados en desmedro de la población y de los intereses sociales.

La vacuna contra el covid-19 es un negocio redondo, puesto que a las empresas farmacéuticas privadas; tienen el mercado garantizado y constituyen un monopolio otorgado por los mismos gobiernos poseen la exclusividad de producción y comercialización por años.

El poder de mercado

La industria farmacéutica está dominada por las grandes empresas de los países industrializados, a pesar de los avances de algunas naciones en desarrollo. Esa hegemonía se refleja en su participación en el mercado mundial y en el control del proceso de innovación y su dinámica. El sector farmacéutico se encuentra en continuo crecimiento, caracterizado por una competencia oligopólica basada en la dependencia de los productos; 25 compañías controlan cerca del 50 % del mercado mundial. Su fuerza competitiva se basa en la investigación y el desarrollo (I-D) -a la que se destinan alrededor del 12 % de los ingresos de la industria-, en la apropiación de las rentas mediante el sistema de patentes y en las cadenas de comercialización.

Muy pocos países que se han desarrollado una industria farmacéutica, han logrado una auténtica emancipación en este aspecto. Al crear industrias nacionales de formulación y de acondicionamiento no hacen sino cambiar el carácter de la dependencia; y es que pasan a depender de los proveedores de materias primas químicas y, por consiguiente, de las industrias químico-farmacéuticas de las empresas multinacionales.

Las características básicas de esta industria es que son altamente oligopolistas pertenecen a un grupo reducido de países que dominan la casi totalidad de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo. Esta característica en la estructura internacional de la industria farmacéutica trae como consecuencia un poder comercial para dominar un mercado y obtener beneficios mayores que los que obtendrían en una situación competitiva.

Hoy, mientras los países con mayores ingresos vacunan a una persona por segundo, la mayoría de las naciones aún no han puesto ni una sola dosis (Oxfam). Casi 130 países, todavía no han iniciado la vacunación (OMS). Se estima que, a mediados de año, tan solo se habrá vacunado a un 3 % de la población de los países con menores recursos.

¿Es ésta, o no, la muestra más inhumana del capitalismo?