Desde la aparición y posterior expansión de la pandemia de COVID 19, durante el año 2020 y lo que va del 2021, un debate global se ha instaurado a partir del tema de la propiedad intelectual – material, y distribución de las vacunas desarrolladas hasta ahora. El debate se ha enfocado fundamentalmente en cuatro dimensiones: La científica, la económica, la política y la ética.

Para nadie es un secreto que los gobiernos de las potencias mundiales, de la mano con las grandes corporaciones farmacéuticas, invirtieron gran cantidad de millones de dólares en el financiamiento de estudios científicos para la creación de las vacunas, los posteriores ensayos clínicos, y la modernizaron tecnológica necesaria para fabricarlas. Esto contribuyó sin duda, a la acelerada producción de las vacunas efectivas contra el llamado coronavirus, lográndolas en tiempo récord, comparado con otros momentos de la historia. Y esto por supuesto, no se hubiera logrado sin el financiamiento de países como los Estados Unidos, la Unión Europea, y el Reino Unido en el caso de occidente, y de países como Rusia y China en el caso de Eurasia.

Ya al inicio de este año la Organización Mundial de la Salud había fijado que a partir de los hallazgos sobre las vacunas y el inicio de su producción masiva, debía iniciar el proceso de inmunización contra el COVID 19 en más de doscientos países en los primeros cien días del año. Sin embargo, esta meta no se concretó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expresaba en comunicación pública a mediados de abril 2021 que de los más de setecientos millones de dosis administradas hasta entonces en el mundo un 87% se habían aplicado en los países más ricos, pero que tan solo un 0,2% habían sido aplicadas en países pobres, algo que el mismo Adhanom estimó como un “desequilibrio escandaloso”. Durante el mes de agosto, el propio director general ofrecía nuevos datos, informando que de los cuatro mil millones de dosis aplicadas hasta entonces, 80% fueron aplicadas en países de ricos y “medios”, pero que la tasa de vacunación de los países pobres había alcanzado apenas el 1,5%. Durante septiembre, un informe de Amnistía Internacional concluía que las dosis administradas en todo el mundo ascendían a 5.760 millones, pero que apenas un “insignificante” 0,3% de éstas se aplicó en países pobres o de bajos ingresos, y que más del 79% se aplicó en los países ricos o de ingresos altos y medianos. ¿Las razones? una importante síntesis de Jayati Ghosh, economista del desarrollo en la India, dirigente del Centro de Estudios Económicos y Planificación de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, resalta:

Se destacan tres características: el flagrante acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos; la protección de los derechos de las patentes por parte de los gobiernos de los países avanzados, que impide una mayor producción de vacunas (en otros países); y el uso de la distribución de vacunas para promover tanto el nacionalismo como el “poder blando” diplomático. (Open Global Rights, Apartheid de las vacunas, 2021)

Sobre el tema de la protección de derechos de las patentes es donde hay más tela por cortar, el debate es largo y complejo. Desde el inicio de la pandemia hasta ahora, las grandes compañías farmacéuticas productoras de las vacunas han sostenido su acostumbrada habilidad de mantener el control sobre los derechos de la propiedad intelectual, y han negociado a partir de éstos, acuerdos comerciales a discreción, legitimando por un lado, la mercantilización arbitraria de las vacunas que deben ser estricta materia de salud pública, y por el otro, normalizando el monopolio como intermediario único de la industria y el mercado. Excusas para sostener este modelo, hay de sobra.

Desde el punto de vista científico, las razones más esgrimidas por las partes versan sobre un panorama en el cual, frente a una inminente liberación o flexibilización de las patentes las consecuencias serían fatales, porque no todos los países contarían con la infraestructura para fabricar las vacunas, así que sería como “entregar una receta sin las instrucciones” y sin los insumos correspondientes. De modo que, según éstos, sin garantizar la implementación de adecuadas técnicas y procedimientos, la humanidad enfrentaría problemas con vacunas de baja calidad, seguridad y eficacia.

Sin embargo, en una declaración del Comité Internacional de Bioética y de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, se insiste en todo lo contrario,  alegando que la industria farmacéutica tiene el compromiso de compartir la propiedad intelectual, lograda con apoyo de los gobiernos, pues se debe permitir acceso a todos los fabricantes de las naciones más vulnerables frente a la emergencia global, “acceso a las vacunas para todos”, “deben considerarse un bien público mundial”.

Dentro de la dimensión económica, es donde más justificaciones y controversias se encuentran. El mayor peso se lo lleva la idea según la cual liberar las patentes desincentivaría la innovación científica, ya que los inversores, fundamentalmente privados, perderían interés sin tener garantías de mercado, y no sostendrían los estudios y pruebas de las diferentes variantes en tiempos récord, en que se han desarrollado.

Pero esto esconde otras aristas, por ejemplo, que no solo tienen exceso de garantías en el mercado, sino que además de negociar con las vacunas, hay pruebas de acaparamiento, de implementación de precios especulativos, sin olvidar los sistemas de distribución sometidos a la lógica de los negocios, y no a las imperiosas necesidades de las poblaciones vulnerables.

Desde la dimensión política muchos son los fenómenos evidenciados con el tema de la propiedad y distribución de las patentes, por ejemplo, el funcionamiento estricto de las autoridades reguladoras sobre la aprobación de nuevas vacunas, que ejecutan investigaciones insuficientes y pruebas inadecuadas, sin los ensayos y otros procesos necesarios.

Esto obviamente puede esconder el tráfico de influencias, negocios a discreción y esquemas de corrupción, evidentes cuando se trata de los miles de millones de dólares en juego. Al respecto, el mismo Jayati Ghosh refiere:

Esto (también) se debe en gran medida a que el proceso de aprobación de la OMS está muy sesgado a favor de las vacunas desarrolladas en los países ricos. La OMS tiene una lista de autoridades reguladoras en las que confía para el control de calidad, que son sólo de países desarrollados de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. En el resto del mundo, las candidatas de vacunas (y otros medicamentos) deben pasar por una “precalificación”, un proceso mucho más complicado y extenso. Esto prolonga enormemente el tiempo que transcurre antes de que se aprueben las vacunas de otros países. Sin embargo, en esta pandemia, las normas reguladoras habituales se han relajado mucho en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. Ninguna vacuna a la covid-19 ha sido desarrollada o lanzada con la transparencia que debería haber sido. Aunque la OMS considere que las normas reguladoras de otros países pueden ser menos estrictas, podría trabajar con las diferentes autoridades reguladoras nacionales para garantizar que todas las candidatas de vacunas sean tratadas en igualdad de condiciones.

Sobre la dimensión ética, está plenamente abierto el debate ¿Qué es más importante? ¿La humanidad o los negocios de las corporaciones?. No queda duda de que las vacunas han transformado substancialmente los dilemas a los que se enfrenta la ciencia y la medicina. Su rol, ha sido el de salvar vidas frente a las pandemias y epidemias sufridas hasta la actualidad. Y aunque las vacunas puedan tardar en desarrollarse “entre cinco y diez años”, no cabe duda que con la pandemia de COVID-19 “se han superado todos los récords”. Todo esto se debió a la inversión y al aceleramiento de procesos de aprobación y fabricación. Sin embargo, la inversión trae sus consecuencias, después de todo, un negocio necesita reciprocidad entre las partes ¿Cuáles han sido las condiciones de esas inversiones y negocios? Está claro que el interés primordial del desarrollo de las vacunas contra el COVID 19 nació de la realidad generada por la pandemia, sin embargo, según los datos de propiedad producción y distribución, parece que para otros el interés nació precisamente de la ansiedad de lucro, y cómo no, de poder. Un extracto del informe de Amnistía Internacional, sintetiza:

• Hasta ahora, Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que han recibido menos del 1% de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas habrán obtenido ingresos por valor de más de 86.000 millones de dólares a finales de 2022.
• Moderna aún no ha entregado una sola dosis de vacuna a los países de bajos ingresos, ha facilitado sólo el 12% de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el COVAX hasta 2022. Gracias a los precios superiores que aplica, esta empresa habrá obtenido ingresos por valor de más de 47.000 millones de dólares a finales de 2022.
• Johnson & Johnson ha desarrollo la única vacuna monodosis del mundo y la vende a precio de costo, pero no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el COVAX y la Unión Africana hasta 2022. Además, se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más.
• Astrazeneca ha entregado la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos, vende a precio de costo y ha concedido algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se ha negado a compartir abiertamente sus conocimientos y su tecnología con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.
• Novavax está pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna, pero tiene actualmente previsto dedicar casi dos tercios de su producción a abastecer al COVAX. Sin embargo, al igual que las demás, se ha negado a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.

Una de las formas debatidas sobre cómo desenmarañar esta situación más rápido, es definitivamente la liberación de las patentes de las vacunas y la transferencia tecnológica hacia fábricas, empresas farmacológicas e instituciones de los países más afectados. Aunque se crearon medidas previas como el Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas Covid-19 (COVAX), dirigido por la OMS, básicamente la falta de fondos, ha desacelerado su actuación.  La OMS también instituyó una reserva tecnológica para propiciar que las empresas compartieran el conocimiento con fabricantes de países pobres; sin embargo, la propuesta no fue exitosa. Durante este año Sudáfrica e India lanzaron la solicitud ante la Organización Mundial del Comercio, para levantar temporalmente los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus, con el fin de aumentar la producción y coadyuvar en la solución del acceso desequilibrado entre países ricos y pobres. Se sumaron a la propuesta más de 60 países desde entonces, incluyendo a Rusia y Estados Unidos. La tensión para lograrlo aumenta a medida que se avecina la 12ª conferencia ministerial de la OMC, que iniciará el 30 de noviembre, en Suiza.

La cuestión sobre la propiedad y distribución de la vacuna, incluyendo la imperiosa necesidad de vacunación en los países pobres, solo acrecienta los índices de mortalidad, de sufrimiento, de crisis sanitaria y económica, y da oportunidad de que “el virus mute más rápido”, complicando el panorama ya adverso sobre los índices desiguales de vacunación calificados por la OMS como un “fracaso moral catastrófico”. Aunque parezca una redundancia o una obviedad, en la medida en que el virus permanezca sin control, las afectaciones políticas y sociales, además de económicas, profundizarán la crisis global y afectaran la “recuperación económica mundial” tan esperada.