Los acontecimientos antidemocráticos acaecidos en Perú antes, durante y después de la destitución de Pedro Castillo y la represión fascista y genocida del gobierno fantoche de Dina Boluarte contra la rebelión popular que está en desarrollo, nos convoca a una vigilia reflexiva acerca de la gobernabilidad en los países que forman parte de la nueva ola progresista y de izquierda (cada uno en su contexto) que se inició con AMLO en México (2018) y a la que recientemente se sumó Lula Da Silva; quien, por cierto, a pocas horas de haber iniciado su nuevo mandato, fue objeto de un intento fallido de golpe de Estado por parte de los cabilleros ultraderechistas del bolsonarismo, tal y como lo habían previsto varios de nuestros analistas de Segundo Paso para Nuestra América.

En medio de estos dos referentes del progresismo en Nuestra América, se encuentran los gobiernos de Gabriel Boric Font en Chile (2022-), Luis Arce en Bolivia (2020-), el defenestrado maestro ensombrerado Pedro Castillo (2021-2022), Gustavo Petro Urrego en Colombia (2022-) y Alberto Fernández en Argentina (2019-). Aunque, a decir verdad, este último, al igual que Boric, muy bien podrían excluirse de nuestra lista por el sinnúmero de contradicciones político-ideológicas que caracterizan sus discursos y acciones. Sin embargo, estamos obligados a incluirlos porque nos sirven de ejemplo para identificar las distorsiones a las que queremos referirnos respecto a ese universo de arcilla que está modelando una supuesta nueva izquierda latinoamericana y el llamado progresismo, que más bien parece pendular en el éter de las paradojas para alcanzar el poder o mantener la gobernabilidad a toda costa, al tiempo que se declara popular.

Pero no solo por esta razón debemos incluirlos, sino porque recientemente el presidente Maduro, en su Mensaje Anual a la nación, en enero de este año, estableció una ecuación geopolítica interesante que acuña la proposición Mundo Patria Grande. Según el presidente Maduro, para alcanzar ese nuevo estado de integración global, Venezuela y los actuales presidentes de Argentina, Colombia y Brasil estarían a la vanguardia de un poderoso bloque latinocaribeño que impulsaría la unión del Sur Global bajo esa nueva categoría integracionista de Mundo Patria Grande. Nótese que la propuesta no menciona a los otros países del eje progresista como México, Chile, Bolivia, Nicaragua y Cuba, pero suponemos que acá la intención fue estimar la importancia estratégica de Colombia y el peso descomunal que representa Brasil y el que debería tener asimismo Argentina para la economía de la región; pero también por el hecho de que ambos se sumaron recientemente al bloque progresista.

En todo caso, observamos en algunos de estos gobiernos un sube y baja ideológico, como por ejemplo el casi inmediato y condenable resabio de visitar, apenas asumen el poder, las tierras ocupadas de Palestina por el mal llamado Estado de Israel y estrechar la ensangrentada mano del sionismo y del imperialismo (el Chile de Boric y la Argentina de Alberto Fernández lo hicieron); o el no declararse abiertamente antimperialistas, contrahegemónicos y anticapitalistas, no condenar los desmanes de la oligarquía en Nuestra América, no combatir el extractivismo de las grandes transnacionales, legitimar gobiernos golpistas, pactar con las derechas enquistadas y desmarcarse de los proyectos disruptivos que les preceden (un leitmotiv en casi todas las campañas electorales Boric, Castillo y Petro tomaron distancia, sin pudor alguno, de la Revolución Bolivariana, de la Cubana y de la Nicaragüense), entre otras muchas sinrazones.

Otros han sido coherentes con sus causas originarias y han dado la talla política que se espera de un líder nuestroamericanista, porque no callan ante los desvaríos estadounidenses y de la OEA, fundamentan teóricamente sus políticas, confrontan el conservadurismo, se desmarcan del modelo impuesto y del deber ser de la democracia estereotipada. AMLO se sitúa a la cabeza de los que expresan con más firmeza su postura anticolonial y ha hecho de MORENA un aula abierta para la construcción de una teoría política encaminada a consolidar la tesis de la segunda emancipación. En este laboratorio continental de nuevas categorías emergentes se producen importantes conquistas, como es el caso de México, pero también calamitosas decepciones como las de Perú o Chile.

Un elemento común a todos estos gobiernos de la nueva ola progresista es que han alcanzado el poder en contextos políticos adversos. En ellos, la oposición cuenta con una importante mayoría en espacios estratégicos, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Electoral, pero también en gobiernos regionales, fuerzas armadas y organismos de seguridad; algunos ni siquiera cuentan con antecedentes históricos de gobiernos de similar signo ideológico, como es el caso de México y Colombia, lo que dificulta aún más la gobernabilidad y el ejercicio del poder a favor del pueblo. Mientras que el resto de los países de este bloque pendular llamado progresismo ya se encuentra construyendo desde hace tiempo un proyecto disruptivo (Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia), otros han tenido referentes de cambio en la historia reciente y no tan reciente, como es el caso de Brasil, Argentina y Chile o perdieron la oportunidad de sostenerlo en el tiempo, como es el caso de Ecuador y Perú.

Ahora bien, para comprender la complejidad de estas experiencias progresistas de México y Colombia, y conocer la verdadera dimensión de las adversidades que deben contrarrestar, es necesario pasearnos muy brevemente por su historia política.

Comencemos por México, que fue considerado por muchos años o más bien legitimado por el establishment internacional, como el país con la democracia más longeva, dado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo en el poder durante setenta años (1930-2000), aunque ya en las elecciones legislativas del 6 de julio de 1997 había perdido su hegemonía al no obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, además de perder el gobierno de la capital y de varios estados. No obstante, a pesar de que en sus inicios se concibió como un proyecto de izquierda (formaba parte de la Internacional Socialista) que buscaba transformar la sociedad mexicana y de la buena imagen de estabilidad política que proyectaba al mundo, el PRI constituyó una dictadura perfecta.

Por tanto, el PRI no puede ser considerado un antecedente revolucionario para AMLO. Al contrario, la forma en que concentró el poder, así como la corrupción, el dogmatismo y el autoritarismo practicado por ese partido lo sitúan como un correlato antagónico y nefasto del ideario emancipador; situación que se agravó aún más con los gobiernos posteriores neoliberales y entreguistas (2000-2018) de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De modo que AMLO se define política e ideológicamente en el marco de las luchas populares contra esa historia aciaga de un Estado secuestrado por la ignominia. AMLO libra una lucha interna contra los Estados paralelos de la corrupción, el narcotráfico, las organizaciones delincuenciales, los conservadores y, muy especialmente, contra el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que el propio AMLO considera una “superestructura de poder, desde luego de facto, de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución”.

Tal discrepancia entre poderes lo obliga a proponer una Reforma que desmonte, al menos parcialmente, algunos de los mecanismos mediante los cuales ese Instituto amenaza constantemente con perturbar el orden democrático. Debe apagar el fuego de sus ínfulas supraconstitucionales, recortar su oneroso presupuesto y neutralizar su parcialización a favor de los intereses de los sectores conservadores. AMLO también ha sido crítico con respecto a los desaciertos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no deja de señalar a aquellos fiscales estatales inescrupulosos, algunos vinculados con La Familia Michoacana o con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es decir, sin duda existe una confrontación entre poderes y el Ejecutivo muy bien pudiera ser objeto de algún lawfare (ya hay algunos indicios de ello, como la censura a finales del año pasado, por parte del INE, a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital azteca).

Aun así, AMLO domina el escenario político. Es un gobierno poderoso en muchos aspectos que no calla ante lo que considera son manifestaciones y conductas del conservadurismo que aún subsiste en el aparato político del Estado y en América Latina.

Lo interesante es que, como dijimos anteriormente, el partido MORENA realiza constantes ejercicios filosóficos que cuentan con el acompañamiento de uno de los grandes pensadores de este continente, como es Enrique Dussel. De esta manera, MORENA se ha propuesto construir una teoría política propia, a partir de nuevas categorías que fundamenten la praxis del poder, aunque muchos insisten en que este gobierno, autodefinido como posneoliberal, no es verdaderamente de izquierda; incluso, se refieren a él como un progresismo fallido.

No obstante, AMLO demuestra coherencia y compromiso con la unidad nuestramericana, y ha tenido una posición crítica muy digna y valiente en algunos episodios de carácter geopolítico; solo por nombrar dos de ellos: en junio de 2022, cuando anunció su decisión de no acudir a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles porque el gobierno estadounidense excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela; y la más reciente, cuando afirmó que en Perú hubo un Golpe de Estado contra Castillo y, por tanto, no reconoce al gobierno autoritario de Dina Boluarte, además de dar asilo político a los familiares de Pedro Castillo Terrones en la embajada de México, víctimas de persecución por parte del Estado usurpado. Estos dos ejemplos demuestran a una figura política coherente de talla continental, más allá de que podamos encontrar, escarbando en los detalles, algunas posiciones criticables, lo cual sería bastante mezquino, porque más peso tienen las grandes acciones y el verbo agudo.

En sus discursos, AMLO deja muy claro su grado de conocimiento acerca de este comportamiento del conservadurismo latinoamericano y no duda en comparar el caso peruano con el mexicano. Es una guerra avisada que ya está librando, de modo que la destitución de Castillo representa la comprobación de su tesis:

“Ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamases del Perú, que como los conservadores de México son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en el Perú y en México, son las élites, la oligarquía que prevalece, que están acostumbrados a robar, a saquear a sus anchas. Utilizan a los gobiernos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando una gente del pueblo llega al gobierno por decisión del mismo pueblo le hacen la vida imposible”.