Colombia: la revolución improbable

Durante mucho tiempo creí que ver un gobierno popular en Colombia era, sencillamente, imposible. Cuando creció la ola de los llamados “progresismos” en América Latina a lo largo de la primera década del siglo XXI, Colombia parecía inamovible, como si ese espectro que recorría la región no fuese capaz de generar el más mínimo estremecimiento. En el país fundado por Simón Bolívar lo que se consolidó en esa década y la siguiente fue un fenómeno que, ahora, es llamado el “uribismo”. Y esto hay que entenderlo de esta manera: mientras en Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina surgía y galopaba lo que muchos llaman un “caudillismo” o un “populismo” de izquierdas, en Colombia crecía también un caudillismo populista, solo que más bien de derechas. Verlo así permite identificar el síntoma, la señal de que algo sí estaba pasando en ese país. Es como si el deseo de cambio se hiciera presente pero fuera contenido por una fuerza de ímpetu similar, pero con valores contrarios. ¿Cuál era esa fuerza? Sin lugar a dudas, podemos afirmar que esa fuerza era el miedo. Pero las cosas no son tan simples.

Gustavo Petro y Francia Márquez, líderes del Pacto Histórico, han ganado la presidencia de Colombia. Se trata de la primera victoria presidencial de la izquierda en toda la historia de ese país. Entonces, aquello que parecía imposible, demostró que no lo era. Quienes teníamos aquella impresión estábamos completamente equivocados. Hoy Colombia está a las puertas de un gobierno que se perfila como popular, algo que, al verlo ahora a la luz de los hechos, no era imposible, sino más bien improbable.

¿Cómo fue que ocurrió esto? La pregunta surge porque el hecho es verdaderamente impactante, tanto que la noticia le dio la vuelta al mundo desde la misma noche de la elección y, días después sigue siento tópico en la opinión pública internacional. No es para menos. Se trata de un país donde todas las semanas asesinan a dirigentes populares y campesinos, donde cada dos días hay una masacre en una población rural. Se trata de un país con más de cinco millones de desplazados internos por una guerra civil de más de 70 años. Un país dominado por los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo. Un país que por 200 años ha sido gobernado por unas cuantas familias. Un país donde los candidatos presidenciales con línea popular y que llegaban a tener posibilidades reales de ganar fueron ejecutados antes de llegar si quiera a la fecha de la votación. El país que, en el plebiscito para validar los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, le dijo “No” a la paz.

El origen

¿Cuáles eran las probabilidades? No estaba fácil. Tenían que darse, y se dieron, ciertas condiciones que propiciaran una insurgencia popular. Puede decirse que la pandemia aceleró, como hizo con otros procesos sociales, económicos y culturales en todo el mundo, la ebullición de un conflicto que estaba gestado. La crisis económica, la agudización de las desigualdades, también ha sido un factor importante. Pero faltan cosas. Hay que decir que la desmovilización de buena parte de los grupos guerrilleros, la transfiguración política de las FARC, hoy partido Comunes, es uno de los factores fundamentales para que la posibilidad de un cambio se aclarase lo suficiente. Aunque han matado sistemáticamente a los combatientes desmovilizados, a los firmantes de los acuerdos de paz, el avance de este proceso, incluso con los retrocesos y demoras incitados por el uribismo en el poder, le ha demostrado a una parte importante de la población que el fin de la guerra es totalmente factible. Y esto no es poca cosa.

Pero lo más importante entre las causas, o más bien las condiciones que han hecho posible el resultado del 19 de junio, es la caída política del uribismo. Álvaro Uribe Vélez gobernó Colombia entre 2002 y 2010. Le sucedió Juan Manuel Santos, quien, aunque terminó enfrentándolo, logró alcanzar la presidencia montado sobre la plataforma uribista, que mantenía su poder desplegado en las profundidades del aparato político colombiano. Tan es así que en 2016 obtuvo un triunfo contundente al encabezar la negativa a la aprobación de los acuerdos de paz promovidos por el gobierno de Santos. De ahí cabalgó victorioso hasta lograr colocar en 2018 a su ficha, Iván Duque, en la presidencia de la república.

Sin embargo, la imagen de Álvaro Uribe se terminó de desmoronar en esos años, donde surgieron de manera escandalosa pruebas de distintos delitos cometidos por el exmandatario y senador, incluyendo sus vinculaciones con narcotraficantes y asesinos. Fue condenado por tribunales y, finalmente, por la opinión pública. Pero, sin lugar a dudas, el elemento más contundente para la caída del uribismo fue la desastrosa presidencia de Iván Duque.

Según un informe presentado en junio por las ONG Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que agrupa a más de 500 organizaciones sociales, Duque deja un legado de “hambre, guerra y retroceso”. El documento titulado “Hambre y Guerra: El Legado del Aprendiz”, registra que el asesinato de líderes sociales y activistas de derechos humanos pasó de 116 víctimas en el año 2016 a 310 líderes solo durante el año 2020; y hasta mayo de 2022 sumaban 81. Las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 10 mil 943 en 2016 a 73 mil 974 en 2021, lo que implica un incremento del 675%.

Duque se encargó, literalmente, de hacerle la guerra a la paz. Además, entre otras torpezas, pretendió introducir una reforma tributaria, junto a una reforma de salud y una reforma laboral en plena crisis económica y pandémica. Este fue el detonante del estallido social de abril de 2021. Las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, afrocolombianas, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos, ambientalistas, feministas, todos, decidieron movilizarse, logrando un grado de articulación pocas veces visto. Los sectores populares, barriadas, desempleados, marginados, les dieron su activo y decidido apoyo y conformaron un movimiento de gran potencia política que, sin necesidad de vanguardias ni liderazgos definidos, sacó a la superficie todos los conflictos, todas las contradicciones de la sociedad colombiana, poniendo en jaque la estabilidad del estado y el gobierno que, sin encontrar manera de responder políticamente a las exigencias del pueblo alzado, optó por la represión más brutal. Al menos 44 muertos fue el saldo de las protestas, cientos de heridos, presos, desaparecidos. La opinión pública nacional e internacional no pudo sino reflejar, a regañadientes, lo que estaba sucediendo.

¿Qué hicieron Gustavo Petro y Francia Márquez? Su mayor mérito estuvo en saber leer las demandas de la gente y lograr aterrizar la insurgencia social en una identidad política, capitalizando la efervescencia del levantamiento popular. Además, lograron, en el momento preciso, establecer las alianzas necesarias, los consensos amplios requeridos para poder responder a la ola de indignación que terminó por deslegitimar no solo al uribismo sino a toda la clase política tradicional.

La propia figura de Rodolfo Hernández, un producto de marketing político que utilizó las técnicas basadas en la manipulación de las nuevas tecnologías de la información, representa también un síntoma del rechazo generalizado a los símbolos del estamento político colombiano. La segunda vuelta presidencial fue eso, la sepultura de una tradición de poder de 200 años de antigüedad.

En Colombia se ha materializado un cambio. Más allá de los análisis que podamos hacer sobre lo que hará o no hará Gustavo Petro como presidente, debemos poner la mirada en lo que ha pasado en la sociedad colombiana. Es allí donde está el cambio histórico. Ese cambio que, como quedó dicho al comienzo de este texto, estaba latente y solo permanecía contenido por la fuerza del miedo. El miedo a la guerra, a la muerte, a la imagen de una “política de izquierda” que había sido ideológicamente inoculada en el pensamiento colectivo como sinónimo de desastre, caos, hambre y precariedad. Ese miedo quedó disuelto por la indignación y la evidencia de que todo eso, el desastre, el caos, el hambre, la precariedad y la muerte, eran la marca más patente del gobierno uribista, el gobierno que sirve a las clases poderosas, un gobierno que de izquierda no tenía nada, sino que era un exacto contrario.

La victoria de Petro y Márquez representa eso, la transformación política de las clases populares, desde los sectores medios hasta los más marginados, que entendieron que constituyen una mayoría que puede expresarse y asumir protagonismo político. Al Pacto Histórico lo votaron masivamente las regiones más pobres, la Colombia rural, las víctimas de la violencia y de un sistema económico que los ha exprimido para alimentar la opulencia de las élites de las grandes ciudades. También lo votaron los barrios populares metropolitanos que encontraron en esta fórmula una identidad. Ha comenzado un nuevo capítulo en la historia de este país.

Lo expresó la propia Francia Márquez el mismo día de la elección:

“Después de 200 años logramos un gobierno del pueblo. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”.

La nueva ola

Pero el triunfo del Pacto Histórico no solo significa un cambio para Colombia. Estamos ante un hecho que tiene importantes implicancias en la región. Este viraje político en la nación políticamente más estática de América Latina se inscribe en lo que algunos analistas llaman una “segunda ola progresista”. Hablamos de una seguidilla de victorias electorales de izquierda en varios países, como, por ejemplo: Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras. Si bien estos presidentes no exhiben un perfil “radical”, como se quiso etiquetar en su momento a Chávez, Morales, Lula, Correa, Kirchner, etc., son identidades políticas que se distancian del modelo neoliberal y se acercan a la política socialista del bienestar y los derechos sociales. Representan un rechazo la corriente reaccionaria y restauradora que se impuso en muchos de estos países a lo largo de la década del 10: hablamos de Bolsonaro, Macri, Piñera.

Petro entraría en este lote. No es un líder comunista, ni socialista, ni revolucionario. Es, sí, un líder político hábil y carismático, y es de izquierda. Al menos en su discurso hasta ahora, ha mostrado signos de una visión sobre América Latina completamente distinta a quienes ha gobernado su país desde siempre. Si logra enlazar con los otros líderes de su perfil, seguramente se podrá fortalecer un frente latinoamericano que puede hacer cosas interesantes. Un ejemplo es la posición sobre Venezuela. Petro ha reiterado que retomará las relaciones normales con el país que es más que un “vecino”, es su país hermano. Comparten una frontera de más de 5.000 kilómetros, tienen una historia común y economías interdependientes. Los gobiernos colombianos tuvieron 20 años peleándose con los gobiernos venezolanos, primero con Chávez y luego con Maduro, hasta llegar a la época de Iván duque, que fue la peor de todas, donde las relaciones se rompieron completamente y, sin exagerar, se estuvo al borde de una guerra. Cualquier cambio en este escenario no puede ser sino positivo.

Para Venezuela este resultado electoral es una noticia maravillosa. No porque Petro sea igual que Maduro, ni porque se vaya a convertir en un aliado predilecto de la Revolución Bolivariana, sino que, con toda certeza, para el gobierno de Nicolás Maduro este cambio representa un alivio invalorable en términos de su seguridad su estabilidad, política y económica. No hay que olvidar que Colombia con Iván Duque se convirtió en la principal base de operaciones de la oposición más violenta y terrorista de Venezuela, esa producida y patrocinada por Washington. Desde allí se planificó y organizó el magnicidio frustrado contra Maduro en 2018, el intento de golpe de Estados de 2019 y el intento de invasión de 2020, entre otros episodios. Se espera un cambio “del cielo a la tierra”.

Los desafíos del Pacto Histórico

También para Estados Unidos este nuevo escenario representa, sin duda, un revés y una incomodidad. Colombia ha sido el mejor aliado de Washington en la región latinoamericana por mucho tiempo. Es territorio colombiano hay nada menos que nueve bases militares estadounidense. Además, comparten una perversa interdependencia como primer productor y primer consumidor mundial de cocaína. Bogotá ha sido el punto de eje de la política de EEUU hacia la región, su punto de resistencia cunado la mayoría de los gobiernos se movían al son de la izquierda. Habrá que ver cómo se comportará el gobierno de Gustavo Petro en este sentido.

El anterior es el primero de varios desafíos que el nuevo gobierno colombiano deberá enfrentar. Además de su relación con Estados Unidos, que en el discurso ha prometido cambiar, pero se entiende como un reto difícil, está l amanera como enfrente la propia realidad política interna. La cosa no luce nada sencilla.

En primer lugar, el Pacto Histórico no tiene mayoría en el congreso. Para poder pasar cualquier iniciativa legislativa o administrativa deberá recurrir a alianzas políticas. Es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno arranca en estas condiciones. Y esto ya dice mucho de lo que puede ser la diferencia entre las promesas de campaña y la gestión efectiva del gobierno. Lógicamente, para lograr pactos y alianzas parlamentarias, hay que ceder cosas, ofrecer cosas. Entonces, es previsible que algunas iniciativas muy populares, como por ejemplo la prometida reforma agraria, tomen un matiz muy distinto a los que esperan las bases que llevaron a Petro a la Casa de Nariño.

También Petro tiene por delante a una oligarquía colombiana que está expectante en torno a su política económica y su relación con el empresariado. Durante su discurso de triunfo, Petro dijo que su gobierno va a “desarrollar el capitalismo” en el sentido de que su propuesta apuntará a la activación de las potencialidades económicas de Colombia. Matizó estas palabras explicando que “tal afirmación sobre el capitalismo es “no porque lo adoremos” sino porque “tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo”. Esto debe entenderse como una especie de guiño al empresariado colombiano. No son palabras puestas al azar ni producto de alguna falta de claridad ideológica. Petro trata de empezar su gobierno con las mejores relaciones posibles con el capital de su país. Busca deslastrarse del “estigma” que le fue impuesto de que su propuesta es la propuesta del “Socialismo del siglo XXI” al estilo de Venezuela, que tampoco se refiere a lo que efectivamente a ocurrido en Venezuela, sino a la exageración propagandística que los sectores reaccionarios hacen sobre el proyecto bolivariano, convirtiéndolo en una suerte de caja de pandora generadora de caos.

Lo cierto es que Petro y Márquez llegan con un compromiso con los sectores populares, que se deberá concretar en la generación de bienestar social: más empleo, mejores salarios y condiciones laborales, educación, salud, en general, un mejor nivel de vida para los sectores menos favorecidos. Ya también con un compromiso general de mejorar la economía colombiana, diversificar la producción y, además, romper la dependencia del sector minero y de hidrocarburos, lo cual va en correspondencia con su propuesta de desarrollo sustentable, ligada al perfil ambientalista que tiene, sobre todo, Francia Márquez. Y no solo es un “ambientalismo” al estilo del discurso “verde” que está de moda en el liberalismo político occidental, se trata de romper con un sistema de explotación de recursos naturales que impacta directamente en todos los aspectos de la vida de la población, genera explotación humana, desplazamientos territoriales, persecución y muerte, además de la expropiación de la tierra de las comunidades tradicionales y del estado mismo, así como el impacto ecológico que estas actividades tienen.

Otro desafío es cómo llevar un gobierno en un país en guerra, con un estado que no ejerce la soberanía completa del territorio, donde hay grupos armados de distinto signo operando en buena parte él y carteles del narcotráfico con gran poder económico, político y militar. A esto se le suma, para complicar más la escena, que tiene que entenderse con un estamento militar que les es, de entrada, hostil. El ejército colombiano está comprometido con una agenda de guerra, y comprometido con la agenda del Departamento de Defensa de Washington, lo cual contradice la apuesta de Petro de “consolidar la paz”. De hecho, Petro tuvo un enfrentamiento por Twitter con el comandante del ejército, el general Zapateiro, a propósito de los presuntos nexos de la cúpula militar con el narcotráfico. Petro ha prometido un cambio en la política militar y policial, sobre todo luego de la fortísima represión del levantamiento popular de abril de 2021. Gustavo Petro será el nuevo comandante en jefe de las fuerzas militares colombianas, y se avizora una relación difícil que puede convertirse en un hándicap importante para el nuevo gobierno.

Por último, es importante destacar que la fórmula Petro-Márquez, como ya ha sido dicho aquí, representa la voluntad de cambio de una mayoría popular. Esto significa que es completamente legítimo esperar del nuevo gobierno, no solo mejores políticas sociales, sino un auténtico cambio en las relaciones de poder. Y esto es extremadamente difícil si la gestión tiene que sortear todas las dificultades expuestas anteriormente, si tiene que hacer concesiones a los poderes fácticos para poder gobernar. Los sectores populares no solo quieren que mejoren los salarios, que no los maten, que mejoren la educación y la sanidad, que ya es bastante, sino que quieren tener participación en las disputas de poder, en la toma de decisiones, quieren tener presencia en el espacio público.

Expectativas

Petro es un político de larga trayectoria, acostumbrado a las dinámicas políticas corrientes. Puede adelantar una agenda moderada con objetivos específicos que lo hagan poder decir que está cumpliendo con un proyecto de cambio. Francia Márquez es, por otro lado, la parte más radical, novedosa y enérgica de esta fórmula. En sí misma encarna la reivindicación de la voluntad de poder del pueblo colombiano: es mujer, pobre, negra, madre soltera, exempleada doméstica, trabajadora desde la infancia en la minería artesanal del pacífico colombiano, dirigente popular en lucha por su territorio, activista enfrentada al gran capital minero trasnacional. A lo interno del Pacto Histórico, ahora pacto de gobierno, puede haber no pocas tensiones a la hora de desarrollar una agenda programática.

En definitiva, el resultado electoral del 19 de junio es un acontecimiento histórico y esperanzador. Pero es preciso manejar bien las expectativas de lo que realmente pueda ser el devenir del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Una cosa es el discurso, e incluso la voluntad real, de una identidad política de izquierda cuando está en la oposición o cuando está en etapa de candidatura electoral y otra muy distinta es ejercer el poder desde el Estado. El Estado, todo Estado, es por naturaleza conservador. Ser revolucionario implica subvertir el Estado desde el propio gobierno y esto se puede hacer por distintas vías, pero tendrá una oposición de dimensiones similares a la potencia transformadora que se ejerza, incluso puede decirse que superior. Por eso es común que la izquierda, una vez que llega al poder, se enfríe y se modere. Que no sea la misma “izquierda”. Es fácil caer en la trampa del aparato estatal y las dinámicas burocratizadoras que envuelven el ejercicio del poder. Un ejemplo reciente es el de Gabriel Boric en Chile. Llegó al poder montado sobre la ola de la rebelión popular de octubre de 2020, en medio de un proceso de cambio constitucional donde convergen todas las fuerzas políticas en disputa y tienen presencia las identidades más radicales y populares, empujando un movimiento genuinamente constituyente. Pero Boric, nada más llegar a La Moneda, ha sido eficaz para enfriar las expectativas. Aunque mantiene un discurso “izquierdista” en algunos aspectos, como el tema ambiental, incluso ha cambiado su discurso en temas sustantivos como el desempeño de la fuerza pública, particularmente el Cuerpo de Carabineros, responsable de la brutal represión y violaciones a los derechos humanos, no solo durante la última revuelta, sino como comportamiento sistemático. Una expectativa era que llegara con una propuesta para reformular los aparatos represores contra los que él mismo se supone que luchó como estudiante. Sin embargo, su actitud frente al tema ha sido bastante laxa, incluso podría decirse que ha asumido una postura “institucional”, en el sentido de defender a la institución militar. Es la clara demostración de que no es lo mismo tener un discurso radical fuera del gobierno que llegar y tener que ejercer efectivamente el poder.

Por eso podemos decir que, si bien Petro y Márquez son hoy día la marca y la imagen del cambio en Colombia, no es seguro que lleguen a concretar algo como una “revolución”. Aunque ha quedado demostrado que la trasformación política no es algo imposible, sino que fue por mucho tiempo algo “improbable”, que no tenía muchas chances concretas para acontecer, lo racional sería ubicar las expectativas para Colombia en términos de una “revolución improbable”. Ojalá la historia vuelva a demostrar que, aunque las probabilidades sean mínimas, las sociedades pueden caminar y convertir lo imposible en realidad.