Hace unos días atrás el gobierno autoritario peruano, encabezado por Dina Boluarte, quien fuera nombrada por el polémico y mayoritariamente conservador Congreso del Perú para reemplazar al Presidente Constitucional Pedro Castillo Terrones, elegido democráticamente en las urnas el 2021, decidió expulsar al embajador de México y declararlo personaje no grato y darle tres días para que salga del país. Las razones de esa medida fue la supuesta injerencia del Gobierno de México en los asuntos soberanos del gobierno peruano. Asuntos relacionados con un golpe de Estado blando dirigido por la élite posfujimorista en el poder económico y político desde el golpe de Estado de Fujimori de 1992. La cual instaló una dictadura que impuso una constitución neoliberal al estilo pinochetista que estructuró las bases del dominio político de la actual. Se resolvió así, mediante el autoritarismo, la disputa sobre los proyectos de nación que se disputaron las coaliciones políticas de izquierdas y derechas durante la década de los ochenta del siglo pasado. Esto nos lleva a una primera condición estructural que da forma a la actual condición institucional política en el país andino: Su origen autoritario, ilegal y carente de legitimidad. Lo cual significó el secuestro de la democracia electoral por parte de las élites peruanas que, si bien se confrontaban electoralmente, compartían los intereses, valores, comportamientos y las ideas neoliberales del fujimorismo primigenio.

Está condición autoritaria, ilegal y carente de legitimidad se transformó en un Estado de Derecho a la fuerza que no ha podido ser transformado políticamente por las fuerzas progresistas peruanas, debido a su precariedad programática y a su condición periférica en la política peruana y al control de las reglas, normas y procedimientos que dan forma al poder político legislativo y a los poderes fácticos expresados en los medios de comunicación tradicionales, encabezados por el Grupo El Comercio, las Televisoras, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y las Fuerzas Armadas. Esta hegemonía ha sido monolítica en los últimos treinta años, pesé a las distintas crisis de los últimos ocho gobiernos, ocasionados por la corrupción endémica del neofujimorismo y de las élites políticas aliadas, todas ellas agrupadas bajo el signo de Oderbretch.

En este escenario se abrió una grieta al poder neoliberal/chupacabras instituido en el Perú por Fujimori. Esa grieta fue la elección de Pedro Castillo Terrones en el 2021 como Presidente Constitucional para el período 2021-2026. En un contexto signado por la pandemia generada por el virus del Covid-19, la elección del profesor rural, campesino y sindicalista, significó una dura afrenta para las élites políticas posfujimoristas, las cuales enfrentaron agriamente al hecho de que Castillo, se atreviera a dirigir un país, el cual una élite que se asumía como racialmente no andina consideraba de su propiedad, y que atrincherada desde el Congreso de la República y dirigida por Keiko Fujimori, se dedicó a desvirtuar el carácter democrático de la elección de Castillo, utilizando para ello todos los medios a su disposición. Así, el aparato mediático proporcionado por el grupo El Comercio sometió a un sostenido linchamiento propagandístico al Presidente Castillo, utilizando argumentos racistas y poscoloniales que fueron la envidia de otros políticos suramericanos como Bolsonaro en Brasil y Kast en Chile, fieles exponentes del nuevo conglomerado postmoderno fascista en la región.

En síntesis, la permanencia en el poder ejecutivo de Pedro Castillo fue la crónica de un golpe de Estado anunciado por las élites políticas neofujimoristas, el poder económico y las Fuerzas Armadas. Desde que inició su mandato, la apuesta de los poderes fácticos fue interrumpir su mandato; en esa tesitura, Rafael López Aliaga, connotado dirigente de la ultra derecha neofujimorita, amenazó de muerte a Castillo en plena campaña electoral.

La caída de Pedro Castillo y sus consecuencias

Utilizando el Congreso cómo eje de ataque, la derecha neofujimorista se dedicó a demoler la imagen pública del Presidente utilizando el ordenamiento legal y el inmenso apoyo de sus aliados mediáticos, mientras Castillo incurría en una serie de errores políticos como el rompimiento con el Partido Perú Libre que sostuvo su candidatura presidencial y el romper con la izquierda dirigida por Verónica Mendoza para acercarse a la centro derecha personificada en Acción Popular. Hechos que definieron a la larga su soledad política y al intento de tratar de disolver el Congreso en septiembre pasado y que terminó significando su destitución y detención por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. La historia que sigue a continuación ya la conocemos, sube Dina Boluarte a la presidencia impulsada por el Congreso de mayoría neo fujimorista, empiezan las protestas populares demandando nuevas elecciones y una nueva constituyente, pero también tenemos la política represiva del gobierno autoritario que va significar hasta ahora el asesinato de 40 peruanos y peruanas en los últimos días. Las consecuencias de la caída de Pedro Castillo son entonces políticas y humanitarias.

México y la encrucijada peruana

Ante el golpe de Estado blando generado por la coalición neofujimorista, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, decidió no reconocer al gobierno autoritario de Dina Boluarte y da asilo político a los familiares de Pedro Castillo Terrones en la embajada de México, en un escenario de persecución política hacía los familiares y partidarios del ahora defenestrado expresidente peruano. Ante tamaño atrevimiento, el gobierno de Dina Boluarte expulsó al embajador de México. Este hecho es muy importante para el concierto político internacional en la región, en un momento histórico en dónde hay una mayoría de gobiernos de izquierda y en dónde no se debe quedar en silencio ante el asomo autoritario de las derechas recalcitrantes. En este sentido, la posición del gobierno mexicano no fue ni es autoritaria, ni injerencista. Es una posición ligada al respeto a los derechos humanos, al derecho de asilo y a la construcción de una democracia sustantiva en la región que reemplace a estas simulaciones pseudo democráticas que lamentablemente hoy en día gobiernan a sangre y fuego al pueblo peruano. Mientras tanto el Congreso peruano ya adelantó las elecciones para el 2024, el sur del Perú esta militarizado y la represión contra las fuerzas de izquierda es pan de cada día. Mientras tanto, el interior del Perú se encuentra convulsionado y envuelto en protestas mientras en Lima se vive una tensa calma. En este escenario, el aporte de México es invaluable para incorporar una mirada basada en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el respeto al derecho de asilo ante una aventura autoritaria.

JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Es egresado del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México y licenciado en Antropología Social por la Universidad de Chile. Algunos de sus artículos recientes son: “Movilidad humana en tránsito. Algunas lógicas en los movimientos y en los espacios de tránsito en América Latina (2015-2021)”, en coautoría con Alejandra León Rojas. En: “Trayectorias Humanas Trascontinentales, (8). https://doi.org/10.25965/trahs.4579; “Ciudadanía social en tiempos de pandemia en América Latina (Dossier)”, en coautoría con Silvestre Licea, Ánfora. Vol. 29 Núm. 53 (2022); https://doi.org/10.30854/anf.v29.n53.2022.960. Correo electrónico: jose.luque@uacm.edu.mx.