En lo que va de siglo, hemos sido testigos de varias crisis políticas en Nuestra América debido a la pugnacidad entre los poderes constituidos o entre gobiernos regionales separatistas y los gobiernos centrales. Estas situaciones suelen producirse en países cuyo mandatario o mandataria se autodefine o es definido (definida) como izquierdista o progresista y, muy particularmente, en aquellos países donde han tenido lugar procesos emancipadores más profundos.

Cuando los sectores de oposición conquistan uno o varios poderes mediante mecanismos democráticos o no tan democráticos, sea el Poder Legislativo, el Poder Judicial o el Poder Electoral, y además inclinan cuantitativamente la balanza a su favor, se atrincheran allí para poner en práctica una guerra sin tregua ni descanso contra el Ejecutivo, esto con el fin de construir una narrativa de ingobernabilidad del Estado, de insolvencia moral e incompetencia en la gestión de gobierno.

Estos factores desestabilizadores del Estado de Derecho y de Justicia operan con el acompañamiento de factores exógenos injerencistas que les ofrecen prebendas materiales, reconocimiento político internacional y cobertura mediática global, a cambio de concesiones económicas estratégicas, principalmente en el ámbito energético y de los recursos minerales. El objetivo del conservadurismo es tomar el poder político a través del golpe de Estado, la destitución de facto o por medio del juicio político o la guerra judicial mediática (el lawfare); incluso lo ha logrado por la vía electoral, una vez que se ha hecho añicos la imagen de quien detenta el poder del Estado y del partido al que pertenece.

Cuando se trata de un plan de tipo separatista, el objetivo de la derecha es aún más complejo, perverso y dañino para la soberanía nacional. Suelen estar involucrados uno o más departamentos, provincias, regiones o estados (según el país), de allí que se le llame Media Luna. Generalmente, estos territorios son poseedores de importantes recursos energéticos, con los cuales pudieran generar una economía propia que sostenga un Estado nación independiente. En algunos casos, comparten fronteras con un país ideológicamente antagónico respecto al Estado del cual se quieren separar; situación que empeora si ese país mantiene compromisos políticos, económicos y militares con una potencia extranjera. Este es el caso de Colombia, cuyo Estado estuvo bajo la hegemonía de la oligarquía y el ultraconservadurismo, y donde existen siete o más bases militares estadounidenses, un país cuya frontera mira hacia los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure, poseedores de grandes fuentes de carbón, petróleo y gas, así como de una importante industria agropecuaria.

El separatismo o secesionismo en Nuestra América pretende reconfigurar el mapa geopolítico, no solo de países como Venezuela y Bolivia, sino de toda la Región. Esto se debe a que forma parte de un plan neocolonialista de división y repartición de territorios estratégicos y codiciadas riquezas, así como la destrucción de proyectos políticos disruptivos. Donde tiene lugar un movimiento separatista, la beligerancia es mucho mayor y exacerbada.

En el caso de Bolivia, la propaganda desplegada hace creer que el deseo de autonomía lo invoca un pueblo etnoculturalmente diferente que fue despojado de su soberanía y de un ancestral control político de su territorio, o que merece la utonomía por sus peculiaridades características. La verdad es que no se trata de una reivindicación, sino de un plan elaborado por una elite económica que, al no obtener el poder del Estado por vía del voto democrático, establece una vil alianza con potencias extranjeras para apropiarse de ese territorio que ha declarado como racial y culturalmente distinto al resto del país.

Para superar esta frustración política, esas elites se subordinan a un proyecto colonialista que, a su vez, no ha podido someter, deponer o controlar la férrea resistencia de los gobiernos o proyectos políticos contrahegemónicos, populares y nacionalistas donde tiene lugar la demanda autonómica. De lograrse, el botín sería doble, apropiarse de los recursos que yacen en el subsuelo del país y, al mismo tiempo, desaparecer todo rastro del modelo político contrario al modelo hegemónico.

Los acontecimientos que tienen lugar en Perú nos convida a analizar urgentemente las amenazas que se ciernen sobre algunos de los gobiernos progresistas y de izquierda en Nuestra América. Como sabemos, la crisis de gobernabilidad que padeció Pedro Castillo derivó en una crisis sociopolítica basada en la doble mirada, la doble subjetividad sobre los hechos que se están desarrollando allí. Por un lado, se presenta la visión que impone el estamento de la derecha entronizada en el Poder Legislativo y complotada con los medios de comunicación nacionales e internacionales y, por el otro, la del propio maestro de Cajamarca, sus correligionarios y quienes conocemos las maneras como opera la derecha en nuestro continente. La primera, se sustenta en la tesis de rebelión e intento de golpe o autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo; mientras que la segunda argumenta que se trató de un vulgar golpe de Estado ejecutado por el Congreso contra Castillo o, mejor dicho, la materialización del golpe lento y continuo que el aparato político neoliberal peruano ya venía practicando, dado que el titular del Poder Ejecutivo estuvo secuestrado e imposibilitado de toda decisión a lo largo de su corto mandato.

En todo caso, esta última tesis mantiene movilizada y agitada a una masa nada desestimable del pueblo peruano, cuyas acciones de calle, en este momento, se han venido calentando y podrían alcanzar pronto la categoría de rebelión nacional irreversible.

Recordemos que una rebelión verdadera, no aquellas insurrecciones protagonizadas por las clases medias y las burguesías nacionales cuando están en la oposición, sino los auténticos levantamientos populares masivos, constituyen una posible antesala para el cambio de paradigmas, para una disrupción que, en el caso de Perú, es algo indefectible y urgente, dada la ingobernabilidad alcanzada, producto del atrincheramiento de una derecha recalcitrante en el aparato político del Estado que sospechosamente usurpa o anula, bajo artilugios leguleyos, las potestades del Poder Ejecutivo. Hemos visto suceder estas rebeliones en Venezuela (1987 y 1992), en Chile (2019-2020) y en Colombia (2021), por dar algunos ejemplos, y cómo dieron a luz gobiernos revolucionarios, de izquierda o progresistas de distinto signo.

Pero reflexionemos acerca de algo muy obvio. ¿Seis presidentes peruanos en cuatro años? Desde 2018 hasta el presente han pasado por el Ejecutivo Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Es algo negativamente extraordinario en la política de cualquier país democrático y es imposible que no levante suspicacias sobre la ética de la responsabilidad de ese Congreso ¿Esta inestabilidad política no estará escondiendo un entramado de corrupción y clientelismo que requiere de una absoluta autonomía para operar a sus anchas? ¿Acaso el Estado no está bajo el control casi absoluto de un Congreso faccioso que solo legitimaría a un presidente fantoche que no le estorbe?

Lo paradójico de todo esto es que parte de lo enunciado por Castillo pareciera estar convirtiéndose en realidad, al tiempo de que su verdugo político, el Congreso y su fantoche, está ejecutando de manera brutal las mismas supuestas acciones ilegítimas y sediciosas de las que lo acuso. A ver…aquello que Castillo dijo y no hizo ni encargó a nadie a que lo hiciese y que nadie suscribió o acompañó, comienza a cobrar forma, a tener sentido; es decir, el soliloquio por medio del cual manifestó su deseo de disolver el Congreso, declarar un estado de excepción y toque de queda, se presenta ahora como un proyecto solicitado por el pueblo, factible y necesario ante el caos político ya institucionalizado en ese país. Por este ensueño de una acción de facto que despejara el camino a una Constituyente, Castillo fue criminalizado de inmediato, detenido como un delincuente común en supuesta flagrancia, sin importar su investidura, fuero o inmunidad, además destituido de manera expedita y condenado.

Otra prueba de que aquello que fue calificado como inmoral, anticonstitucional y sedicioso se está materializando en manos de la contraparte y del pueblo, es que ante la expansión y magnitud de las manifestaciones populares, Dina Boluarte, quien nos recuerda mucho a Jeanine Áñez (la usurpadora que dio el golpe a Evo Morales en 2019), pero sin Nuevo Testamento en la mano, pidió elecciones adelantadas, militarizó el país, declaró un estado de emergencia nacional y un toque de queda para reprimir y asesinar alevosa y cobardemente a la población insurrecta.

Le temen al pueblo y quieren diezmarlo para que el terror los inmovilice. El camino que ha tomado el pacto legislativo-ejecutivo para nada es democrático y constitucional y, sin embargo, nadie es objeto de alguna sanción o condena. Es la doble moral del neoliberalismo. No obstante, la rebelión de la que se le acusa a Castillo, ahora se materializa en el pueblo, que exige la restitución de este y la celebración de nuevas elecciones, así como una Constituyente, lo cual implicaría disolver el actual Congreso para dar paso a otro que elabore una nueva Constitución, que es el mismo objetivo enunciado por Pedro Castillo.

En fin, estamos a la expectativa sobre estos acontecimientos en Perú. Sobre cuál será el desenlace. Pero habrá que esperar un tiempo más para ver hasta dónde llega la rebeldía popular y hasta dónde la represión. No obstante, abrigamos la esperanza de que todo acabe dándole la razón a lo que Castillo quiso expresar en su díscolo discurso. Veremos si esta inmolación política suya fue un acto tan torpe, inmoral, descabellado y caricaturesco como se le ha querido hacer ver; o se trata, en cambio, de una lección moral llana y valiente que ha dado este campechano maestro ensombrerado.

Creemos que Castillo, más allá de sus contradicciones y torpezas políticas cometidas en su angustia por sobrevivir en medio de ese clima tan hostil, y que lo alejaron de sus principios ideológicos originarios, ha marcado el camino por el cual debe seguir el pueblo. Ningún mandatario o mandataria logrará jamás un cambio sociopolítico en ese contexto tan adverso, el Poder Ejecutivo será siempre aniquilado por el conservadurismo agavillado en los otros poderes. El pueblo es el que deberá asumir la conducción de estos cambios trascendentes y romper los ídolos de arcilla del neoliberalismo para avanzar hacia un estado de mayor bienestar social y verdadera gobernabilidad.

Pero como anunciamos ya, estos eventos en Perú nos obligan a reflexionar acerca de otros posibles escenarios políticos conflictivos y de ingobernabilidad que puedan suscitarse en nuestra Región, en los años venideros; sobre todo en aquellos países donde prospera la nueva oleada progresista que cierra este año 2022 con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. De ellos, es precisamente Brasil uno de esos países con claras amenazas por parte de la ultraderecha y, por supuesto, Bolivia, cuyo Estado Plurinacional constituye para Estados Unidos un mal ejemplo que debe ser desterrado con ayuda interna.

¿Qué versión de Lula tendremos en su tercer mandato presidencial? Sin duda, Lula deberá diseñar una estrategia de gobierno que le permita superar un sinnúmero de escollos políticos. Al mismo tiempo, la pobreza y el hambre deben formar parte sustancial de la agenda de gobierno con un estrecho margen de maniobra. Los nefastos antecedentes del lawfare que lo llevó a la cárcel (2017) y el que provocó la destitución del Dilma Rousseff como presidenta del país en 2016 estarán presentes como recordatorio de la fragilidad gubernamental. La fuerte polarización social, marcado por el odio fascista cultivado por Bolsonaro, el Poder Legislativo marcadamente sesgado hacia la derecha (200 escaños contra 126) y un Senado con personajes como el exjuez Sergio Moro, el carcelero de Lula, obligarán a optar por un presidencialismo de coalición para tratar de mantener un buen nivel de gobernabilidad.

El frágil entramado político de la democracia y la posibilidad de una crisis del Estado también se manifiestan en Bolivia, aunque de una manera muy distinta respecto a Brasil, Perú, México, Chile o Colombia. En los últimos años, y a pesar de los intentos de institucionalización, la sociedad boliviana se encuentra convulsionada por las acciones de las logias que agrupan a la gran burguesía agroindustrial y financiera de Santa Cruz, enemigos jurados del poder popular que se han hecho cada vez más fuertes económicamente. Los eventos de 2008, 2009, 2016, 2019 y 2022 así lo demuestran. Una absurda ilusión identitaria por parte de la élite cruceña, el chovinismo degenerado en ideología supremacista y racista, tiene como objetivo instaurar una guerra civil y declarar la “Nación Camba” o la “República de Santa Cruz”. No se trata de una simple lucha por la independencia de un territorio, es un plan que cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos y que está diseñado para acabar con el Estado Plurinacional de Bolivia, el mandato indio, el partido MAS y toda ideología contraria a sus intereses y prácticas neoliberales.