Queda claro meses después, que el intento de Castillo de disolver el Congreso fue una medida desesperada que para algunos representó una estratagema para evitar la investigación por los cargos de corrupción que pesaban sobre él; y para otros un artificio que le serviría para implosionar lo que ya era una olla de presión político institucional evidente. Sin embargo, lejos de sumarle más descrédito del ya promovido por las corrientes de poder de derecha, su destitución y arresto posterior generó una reacción popular inesperada. La ciudadanía que ya se sentía traicionada y burlada por el sistema político y la clase dominante, salió a las calles a demandar su reposición, a denunciar al Congreso, a las demás instituciones conocidas por sus niveles de corrupción, y a una ventajista nueva presidenta.

La asunción de Boluarte como presidenta, por lo tanto, no calmó los ánimos, ni ha resuelto la crisis de representación que aqueja al país. Por el contrario, ha profundizado la polarización y la violencia, al promover la represión policial y militar contra las protestas y manifestaciones sociales, que ya han dejado más de 50 muertos. Bajo su gobierno además, se han promovido medidas antidemocráticas como la aprobación de la Resolución Legislativa 4766, que autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al territorio nacional para entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que supone una injerencia externa y una amenaza a la soberanía nacional peruana sin precedentes.

La crisis también tiene un trasfondo económico y social, ya que Perú es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus en la región, contingencia que incrementó la pobreza, la desigualdad y la precariedad. Según el propio Gobierno peruano, la pobreza aumentó en 1.6% durante el año 2022, lo que significa que el 27.5% de la población del país, casi 10 millones de personas, se encuentre padeciendo las consecuencias. El Banco Mundial también alertó sobre esta situación en el informe ‘Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú, concluyendo que siete de cada diez ciudadanos son vulnerables de caer en pobreza.

Además, la criminalización de la protesta.

La crisis política también ha afectado el derecho a la libertad de expresión y de asociación de los ciudadanos peruanos, que han sido estigmatizados y criminalizados por ejercer su protesta contra el gobierno golpista. Recientemente, frente a un caso de apelación interpuesto por cuatro personas que fueron condenadas bajo el alegato de “delito contra la seguridad pública” por cerrar el paso en una carretera, la Corte Suprema de Perú emitió una sentencia en la que concluyó que las protestas sociales calificarían como delitos, lo que está claro, vulnera los principios democráticos y los derechos humanos elementales como el derecho a la protesta.

Según una referencia de Gonzalo Ruiz Tovar, la sentencia de la Corte ha sido duramente cuestionada por expertos en el tema, puesto que la decisión va a sentar línea jurisprudencial en otros casos, y representa una medida sesgada del ordenamiento jurídico constitucional peruano.

Las propias organizaciones centralizadas en la llamada Asamblea Nacional de los Pueblos ha calificado la medida como la criminalización de la protesta social en Perú, en lo que su juicio sucede con el beneplácito de la oligarquía oligopólica y el poder mediático, responsabilizando directamente de las muertes de más de 50 peruanos a Dina Boluarte.

El papel de los movimientos sociales

A pesar de todo el andamiaje represivo, los movimientos sociales en el Perú han jugado un papel importante en la lucha por la recuperación democrática de la nación contra el golpismo y el desequilibrio en los poderes públicos, mostrando su disposición a la organización, a sostener sus demandas y a luchar por los intereses de los sectores populares de la sociedad peruana, que finalmente son quienes se han visto más vulnerados por la crisis política, económica y social que atraviesa el país.

Esto se debe claro, a la larga trayectoria histórica de los movimientos sociales en la nación, que se remonta a las luchas indígenas y campesinas por la tierra y la autonomía, pasando por las reivindicaciones obreras y sindicales, hasta llegar a las movilizaciones y al activismo feminista y ambientalista. Los momentos claves de la historia peruana han tenido precisamente a las bases populares como protagonistas, es el caso de las luchas por la reforma agraria de 1969, la resistencia a la dictadura de Alberto Fujimori en los años 90, o las protestas contra el golpe de Manuel Merino en 2020.

Según un informe y sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado durante febrero de 2023, se deja entrever que en la actualidad son las organizaciones ciudadanas precisamente quienes desaprueban con un 79% la gestión de Dina Boluarte durante los conflictos de los últimos meses. Nueve de cada diez ciudadanos encuestados, además, rechazó la gestión del Congreso. Los niveles de desaprobación son más altos en el sur del país, donde el 86% rechaza la presidencia de Boluarte y el 95% rechaza la actuación del Congreso. Otro informe del mismo instituto, revelado recientemente, concluyó tras un nuevo sondeo, que el 81% de la población sabe que el ejecutivo nacional sí vulnero los derechos fundamentales de la ciudadanía en las manifestaciones antigolpistas, lo que evidencia un rechazo mayor de la ciudadanía peruana. Los informes y demandas de instituciones y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y Human Rights Watch se suman al rechazo de las violaciones contra los derechos fundamentales en Perú. Diversos gobiernos de países latinoamericanos también han levantado su voz y alertado sobre la situación de peligro en Perú.

Conforme las tensiones se desarrollan, lo más cercano a un triunfo de los movimientos sociales peruanos es la citación de la Fiscalía a Boluarte para el próximo 31 de mayo, buscando su declaración sobre las muertes de ciudadanos a manos de las fuerzas públicas, en una investigación promovida por la comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Otro triunfo de los movimientos frente a la operación tenaza aplicada por el poder político ha sido la convicción de continuar la lucha en las calles hasta restituir la estabilidad institucional y la credibilidad democrática.